Multa de 100 millones a FCC y ACS, los grupos del viaducto derrumbado, por alterar licitaciones
La CNMC anuncia sanciones de más de 200 millones de euros a seis de las principales constructoras del país por alterar, durante 25 años, el proceso competitivo de “miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras”.
Pruebas en el viaducto de Teixeiras del trazado del AVE a Galicia
Multa contundente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las principales constructoras del país. En concreto, el organismo supervisor penaliza con 203,6 millones de euros a Acciona Construcción, Dragados (del grupo ACS), FCC Construcción, Ferrovial Construcción, OHL y Sacyr Construcción por alterar durante más de 25 años, en concreto de 1992 a 2017, el proceso de licitación de construcción de infraestructuras.
La multa se hace pública justo en un momento polémico para dos grandes constructoras, FCC y ACS, dueñas, respectivamente, de FCC Construcción y Dragados –firmas ahora sancionadas–, debido al reciente derrumbe del viaducto de la A-6, en el acceso a Galicia desde la Meseta. La obra del tramo de la Autovía del Noroeste comprendido entre Castro Lamas y Noceda fue adjudicada en el año 1997. Con un plazo de ejecución de 42 meses, el concurso recayó sobre la UTE conformada por FCC Construcción (33%), su matriz Fomento de Construcciones y Contratas (otro 33%) y ACS, con el 33% restante de la unión temporal de empresas.
Las nuevas sanciones a ambos grupos por parte de Competencia rozan los 100 millones de euros. En concreto, según la comunicación hecha pública este jueves, a Dragados se le impone una multa de 57,1 millones de euros, mientras que la de FCC Construcción sobrepasa los 40,4 millones. Además, Acciona Construcción es penalizada con 29,4 millones, Ferrovial Construcción con 38,5 millones, OHL con 21,5 millones y Sacyr Construcción con 16,7 millones.
Reuniones semanales para decidir contratos
Según Competencia, “desde 1992, las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas». La CNMC también observa “intercambiaban información sobre su estrategia de presentación» a convocatorias para licitar hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras, entre otras infraestructuras de interés general.
El organismo regulador, que considera tales prácticas una «infracción muy grave» de la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión europea, señala que durante 25 años las principales constructoras españolas han «alterado miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras».
Fomento
«En este caso, se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por administraciones públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc», subraya.
Entre las administraciones afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento, incluido el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes.
Fin a los acuerdos
En el caso de los contratos de edificación y obra civil de infraestructuras de interés general (hospitales, carreteras, aeropuertos), durante el periodo investigado la oferta técnica era en muchas ocasiones la variable competitiva con mayor importancia.
Esta llegaba a alcanzar el 70 % de la puntuación del concurso, frente al 30 % correspondiente a la puntuación económica.
Los trabajos que compartían las constructoras eran siempre objeto de puntuación por la administración como parte de la oferta técnica y en algunos casos, en torno al 5 %, las empresas llegaron a compartir el proyecto de licitación que iban a presentar a la administración.
El hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores incumplen los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública.
Las empresas disolvieron el grupo en el año 2017 y manifestaron expresamente que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia.
