A la concesionaria de la Autovía da Costa da Morte le caen de todos lados. Tanto la Axencia Tributaria de Galicia, un organismo con pocos medios dependiente de la Consellería de Facenda, como la inspección de la Agencia Tributaria, han puesto sus ojos en la sociedad que gestiona el vial por el método del peaje en sombra, y han levantado la alfombra de las irregularidades fiscales en varios impuestos, tanto autonómicos como estatales.
La concesionaria de la autovía, un grupo nucleado en torno a dos de las grandes constructoras gallegas, Copasa y Taboada y Ramos, sus accionistas de referencia, no gana para disgustos. En los últimos tres años, tanto la Axencia Tributaria de Galicia como la Hacienda estatal han detectado anomalías y han levantado actas de inspección a la sociedad que se han saldado con regularizaciones fiscales por unos tres millones de euros. Y eso que se trata de una sociedad que está sujeta a un acuerdo concesional, en este caso con la propia Xunta.
El Impuesto de Transmisiones de la Xunta
Han sido tres años de cierto frenesí inspector sobre el pago de impuestos de la concesionaria. En 2015 se iniciaron las inspecciones por parte de la Axencia Tributaria de Galicia en relación al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Como consecuencia de las actuaciones, la concesionaria constituyó ese año una provisión en el balance por importe de 1,2 millones de euros. Un año después, el acuerdo de liquidación firmado por la sociedad ascendió, entre actas y demora, a 1,5 millones de euros, según apunta la compañía en su memoria de 2017.
No hubo descanso. Durante el ejercicio de 2016 le tocó el turno a la Agencia Tributaria, que investigó los pagos del Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2012. De la actuación sobre el IVA la compañía salió indemne, no así con respecto a Sociedades. Como consecuencia de las inspecciones, la concesionaria procedió a «ajustar contablemente las bases imponibles negativas y las diferencias temporales deducibles derivadas de la aplicación de los nuevos criterios de la Administración tributaria desde dicho año», explican su gestores.
El «palo» en Sociedades
Ya el año pasado, en 2017, la Delegación Especial de Galicia de la Agencia Tributaria inició inspecciones en relación al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2013 a 2015. En marzo del año pasado, según la memoria de la concesionaria, se vio obligada a firmar actas en conformidad en relación a al mencionado impuesto de 2012 por importe de 347.696 euros. Pero lo fuerte estaba por venir.
La inspecciones de Sociedades de los ejercicios comprendidos entre 2013 y 2015 finalizaron con la firma, en junio del año pasado, de un acta en conformidad por importe de otros 1,1 millones. La concesionaria, según relata en su memoria, se vio obligada a modificar «el criterio de imputación temporal del efecto derivado del retraso en la puesta a disposición de la infraestructura, al entender que éste debía reconocerse en proporción al avance de la construcción y no mediante la aplicación del criterio del coste amortizado de acuerdo con lo establecido en la norma contable de aplicación», según explica para defender su actuación.
