Megasa se reactiva tras su apagón energético, pero empieza por Portugal
El grupo siderúrgico de la familia Freire retoma su actividad en el país vecino tras una parada por los precios eléctricos como la que acomete en sus acerías en Galicia y Aragón
Megasa, el primer grupo siderúrgico gallego, comienza a reactivarse tras el parón obligado por el alza de los precios eléctricos. Lo hace primero, no obstante, en Portugal. Allí los Freire controlan el negocio de Siderurgia Nacional, con fábricas de Seixal y Maia que generan más de 700 empleos directos. La actividad se retomó por completo la semana pasada, a la espera de que, en breve, ocurra lo mismo en sus secciones de acería de Narón y de Zaragoza, paralizadas también por una factura eléctrica que ahoga especialmente a la industria electrointensiva.
En Galicia, y antes de que arrancase la huelga del transporte que ha llevado a un ERTE a la siderúrgica Celsa, en A Laracha, trabajadores y dirección de Megasa acordaron paralizar la actividad en la sección de fundición de su fábrica de Narón entre los días 14 y 31 de marzo debido al alto precio energético. Los representantes del comité de empresa indicaron que los empleados afectados, 50 de una plantilla de 130, acordaron recuperar estos días de las vacaciones de verano y evitar, de esta forma, un ERTE que afectaría a la totalidad de los trabajadores.
El grupo también optó por plantear una medida similar en Megasider, su factoría de Zaragoza.
Arranque en Portugal
Según los medios lusos, en Portugal, la parada de Megasa habría comenzado antes, el pasado 5 de marzo. Allí, la compañía de los hermanos Freire Artera habría paralizado toda su actividad en la planta de Maia y, como en el caso gallego y zaragozano, solo la producción de acero en Seixal, que mantuvo la actividad de laminación en la fábrica usando el stock existente.
Hace unos días, medios locales informaban de que la denominada Siderurgia Nacional da Maia había reanudado íntegramente su trabajo. Una buena noticia que, sin embargo, también encierra polémica entre los trabajadores y es que el sindicado Site-Norte tildó de “chantaje” la propuesta realizada a la plantilla que pasaba “por coger días de vacaciones o ser despedidos”.
La crisis de las electrointensivas
En Narón, fuentes cercanas a la compañía sostienen que, si no hay ningún contratiempo relacionado con el paro del transporte, la actividad de la fundición se retomará sin problemas cuando arranque el mes, como está pactado.
Dejando a un lado los ceses de actividad forzados por la huelga de los transportistas, el encarecimiento de los precios eléctricos lleva meses obligando a las grandes empresas consumidoras de energía a realizar paradas intermitentes. En España, el caso más significativo de esta situación lo ejemplifica la planta de aluminio primario de Alcoa en San Cibrao, en donde, a finales del año pasado, empresa y sindicatos aprobaron la hibernación de la factoría durante dos años, a la espera de que en 2024 retome la actividad con una factura eléctrica estable sustentada, en buena medida, en acuerdos a medio y largo plazo con productores, las denominadas PPAs, y con la promesa del Gobierno de poner en marcha medidas reguladoras.
Hace poco más de una semana, a través de dos cartas, las asociaciones Aege (de la que forman parte Alcoa, Ferroatlántica, Celsa Atlantic y también Megasa), Feique, Unesid, Confemetal, Oficemen y AEA solicitaron a los comisarios europeos del Mercado Interior, Thierry Breton, y de la Energía, Kadri Simson, decisiones «urgentes» e «inmediatas» en el mercado marginalista eléctrico.
El último barómetro energético de Aege prevé unos precios finales en la industria electrointensiva este 2022 de 240 euros megavatio/hora, frente a los 105 euros que estiman en Francia o los 198 en Alemania.
A la espera de la «excepción ibérica»
Todo esto, a la espera de saber en que se traducirá la denominada «excepción ibérica» por la que la semana pasada los jefes de Estado y Gobierno de la UE reconocieron la dificultad de España y Portugal para hacer frente a los elevados precios de la energía y por lo que, finalmente, aceptaron «un trato especial».
Limitar los precios del gas en el mercado mayorista para que esto se refleje después en unas facturas de la luz reducidas para empresas y hogares es el objetivo final de la entente hispano-lusa y para conseguirlo tanto el presidente español, Pedro Sánchez, como el primer ministro luso, António Costa, insistieron una y otra vez durante las horas de negociación en que se reconociera la singularidad energética de la península.
Este fin de semana, no obstante, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que la «excepción ibérica» tardará aún unas «tres o cuatro semanas» en hacerse operativa.