Megasa monta en cólera ante la asociación que le reclama 500 millones
Los Freire exigen un millón de euros de indemnización a la asociación que demandó a Megasa por contaminar Portugal
Emisiones de la planta de Megasa en O Seixal / Os Contaminados (Facebook)
Cruce de reclamaciones en los tribunales entre la empresa gallega Megasa y la asociación Terra da Morte Lenta, que presentó una demanda contra la siderúrgica por la contaminación ambiental de O Seixal, una localidad lusa próxima a Lisboa y al puerto de Setúbal. Allí, la familia Freire cuenta con la llamada Siderurgia Nacional, un complejo industrial conformado por una fábrica de alambrón y derivados del acero, una fábrica de mallas y una planta de reciclaje de chatarra.
En un clima de tensión respecto a las emisiones ambientales de Megasa en la localidad, tanto por las quejas de los vecinos como por las mediciones de partículas en aire, la asociación fundada por el despacho de abogados Santos Pereira y Asociados anunció una acción popular civil contra la compañía por polución atmosférica, que fue admitida a trámite en el Tribunal de Almada. El colectivo solicita una indemnización de 500 millones y la suspensión cautelar de la actividad industrial.
Megasa responde reclamando una indemnización
Megasa hizo pública su respuesta a la acción judicial, en la que los Freire pasan de acusados a acusadores. La compañía pide al tribunal que, “teniendo en cuenta las contradicciones, incoherencias y falta de fundamento” en la acción de la asociación, condene a Terra da Morte Lenta como “litigante de mala fe” y la obligue a abonar una indemnización de un millón de euros, concretamente, 1,008 millones.
La empresa, representada por los abogados Rui Patricio y Mariana Soares, alega que la “falsedad” y el “carácter infundado” de la acusación tiene graves repercusiones “comerciales, financieras y reputacionales” sobre la fábrica de Megasa en Portugal.
Los argumentos de Megasa
¿Cuáles son estas contradicciones y falsedades? Según el grupo gallego, la asociación le atribuye daños ambientales y a la salud pública durante 60 años, cuando en realidad la planta de Seixal estuvo en manos del Estado hasta 1995. También argumenta Megasa que la contaminación ambiental histórica en la zona ya fue asumida por el Estado portugués a través de la empresa Urbindústria, según informó en un comunicado.
Por otro lado, la siderúrgica niega que incumpla los requisitos ambientales en su actividad, que está fiscalizada por los organismos competentes en materia ambiental. “Es falso que la Siderurgia Nacional viole los valores máximos permitidos de emisiones a la atmósfera”, dice Megasa.
En la respuesta, el grupo de la familia Freire critica que Terra da Morte Lenta se limita a “hacer tabula rasa” de las actividades industriales existentes en la región para atribuirle a la Siderurgia Nacional “un conjunto de riesgos hipotéticos y teóricos para el medio ambiente y la salud que entran en contradicción con los datos médicos y estadísticos disponibles”.
