Más presión y control fiscal sobre los negocios de Sandra Ortega, Rodríguez Cebrián y la dueña de Marineda City

La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado este martes la ley contra el fraude fiscal que incluye, entre otras medidas, la prohibición de amnistías fiscales, la limitación del uso de efectivo a 1.000 euros cuando una de las partes sea empresario o profesional y el endurecimiento del régimen fiscal de las sicavs, las sociedades de inversión de capital variable a través de las que las grandes fortunas de España canalizan parte de su patrimonio.

Varios de los grandes patrimonios de la comunidad gallega poseen estos vehículos de inversión. Es el caso de la empresaria más rica del país, Sandra Ortega, el expropietario de la histórica Transportes Azkar, Luis Fernández Somoza, el exdirector general de Inditex, Juan Carlos Rodríguez Cebrián, o los hermanos Freire, propietarios de la siderúrgica Megasa.

Gravamen para las socimi

Al margen del mayor cerco a las sicavs que pretende imponer el Gobierno, las medidas impulsadas contra el fraude fiscal también establecen un gravamen especial sobre el beneficio no distribuido de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, las socimi, del 15%, con el objetivo de dar mayor dinamismo a las inversiones. En Galicia, la socimi más mediática es Merlin Properties, debido a que es la propietaria del gran centro comercial de A Coruña, Marineda City.

A pesar de los votos en contra de PP y de Vox, la Comisión de Hacienda ha dado el visto bueno a la norma por mayoría con competencia legislativa plena, por lo que pasará directamente al Senado para continuar con la tramitación parlamentaria.

Cerco a los ‘mariachis’

El texto finalmente aprobado endurece el control sobre las sicavs con el objetivo de garantizar que, realmente, son sociedades de inversión colectiva. De esta forma, el régimen favorable fiscal a estas sociedades de inversión (tributar al 1% en el Impuesto sobre Sociedades) estará vinculado no solo a que haya al menos 100 socios, como hasta ahora, sino a que cada uno de ellos tenga acciones por valor de, al menos, 2.500 euros. El Gobierno pretende, de esta forma, poner coto que el cupo de socios de las sicavs se complete con los denominados mariachis, o socios con participaciones irrelevantes.

Los grandes patrimonios llevan ya tiempo reduciendo su exposición a las sicavs, precisamente por la posibilidad de un mayor ajuste fiscal por parte del Ejecutivo. El pasado año no fue bueno para estos vehículos de inversión. De forma general, perdieron patrimonio y accionistas y su número se redujo en un 6% (154 fueron liquidadas) debido al golpe pandémico y al temor a una regulación más severa por parte del Gobierno. A finales de 2020, el histórico exvicepresidente de Inditex, José María Castellano, dio de baja su sicav, Carivega de Inversiones.

Las cifras de las sicavs gallegas

Aún así, las rentabilidades de las sicavs de las grandes fortunas gallegas son positivas. Soandres, la de Sandra Ortega, acabó el primer trimestre del año con un patrimonio de 324,2 millones de euros, un 0,41% más. La sociedad finalizó el 2020 con un crecimiento del 5%, aunque en el primer trimestre de ese ejercicio, debido a la irrupción de la pandemia, se derrumbó un 6,64%.

A cierre del primer trimestre también aumentaron patrimonio las sicavs relacionadas con el exdirector general de Inditex, Juan Carlos Rodríguez Cebrián, que a principios del año pasado liquidó otro vehículo de inversión variable con el que estaba relacionado junto a su mujer, la empresaria Dolores Ortega, Río Nora. Silleiro de Inversión finalizó el trimestre con una rentabilidad de un 2,65%, al crecer su patrimonio de los 15,74 millones a los 16,162 millones. Vivero de Inversiones, por su parte, movió 21,077 millones de euros, un 3,47% más.