Más presión sobre Alcoa: da dos plantas y 67 millones a Alu Ibérica y ahora le reclaman que pague a la plantilla

En plenas negociaciones por el futuro de la planta de aluminio primario de San Cibrao en Lugo, la judicialización de Alu Ibérica vuelve a salpicar a Alcoa. Según adelantó este jueves el comité de empresa de la planta de Avilés, el administrador judicial de la factoría asturiana y coruñesa, Ramón Juega Cuesta, comunicó a la plantilla su intención de realizar un requerimiento a la multinacional norteamericana para que abone las deudas e impagos que tiene contraídos con los trabajadores. El importe, eso sí, no ha sido avanzado.

La decisión, de llevarse a cabo, es un golpe más para Alcoa que, en distintas ocasiones en los últimos meses, ha usado la situación de las plantas de A Coruña y de Avilés para argumentar los problemas de vender plantas que no están en situación de viabilidad (era una de las cuestiones por las que aseguraba que la planta de Cervo debía ser vendida al Gobierno vía SEPI).

Cuando en 2019 Alcoa traspasó las plantas de A Coruña y Avilés al fondo suizo Parter se comprometió a abonar al comprador una serie de contribuciones financieras para asegurar el futuro de las factorías y el mantenimiento del empleo. En su última memoria semestral remitida al regulador americano, la Corporación Alcoa expone que, a fecha de finales de junio, la compañía había abonado 78 millones de dólares (unos 67 millones de euros al cambio) de los 95 millones de dólares acordados. En esa misma comunicación insiste en que desconocía que Parter fuese a vender las dos alumineras a Grupo Industrial Riesgo motivo por el que, hace casi un año, el 28 de agosto de 2020, “presentó una demanda ante el tribunal de primera instancia de Madrid, afirmando que la venta infringía el acuerdo de venta entre Alcoa y Parter”.

Reserva de reestructuración de 30 millones

En ese documento público, Alcoa indica que, a finales del año pasado, mantenía una “reserva de reestructuración de 30 millones de dólares relacionada con las contribuciones financieras de las entidades desinvertidas de conformidad con el acuerdo de venta”. La multinacional americana explica que durante los seis primeros meses del actual ejercicio realizó dos pagos a Alu Ibérica de siete y trece millones de dólares, respectivamente, contra esa reserva. “De acuerdo con los términos del acuerdo, los pagos contra la reserva de reestructuración pueden realizarse hasta el cuarto trimestre de 2021”, apunta, para indicar que “los pagos dependen de que las entidades enajenadas cumplan con ciertas obligaciones de gastos de capital”.

Las factorías de A Coruña y Avilés están envueltas en un proceso judicial que provocó la detención y puesta en libertad con cargos de la cúpula de los nuevos dueños, investigados por la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas.

Indemnizaciones laborales

En el marco de la investigación, la jueza María Tardón decidió apartar a la dirección y colocar a un administrador judicial. En paralelo, el pasado junio, la Audiencia Nacional también dictaminó que Alcoa es responsable de las indemnizaciones laborales relacionadas con el convenio de despido colectivo por la enajenación de las instalaciones, que sigue vigente. La multinacional anunció en su momento un recurso ante el Supremo.

Sobre esta última sentencia también se manifiesta Alcoa en su memoria semestral. De momento, no sabe el impacto que podrá tener en sus cuentas, aunque reconoce que “puede afectar materialmente sus resultados de operaciones”. “Alcoa no ha registrado reserva relacionada con el asunto”, explica la compañía que, añade que “ha iniciado el proceso para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo español y seguirá defendiendo este asunto y aplicando todos los métodos de resolución legal disponibles”. “En este momento, Alcoa Corporation no puede predecir razonablemente el resultado final o el rango de pérdida asociado con el resultado de este asunto, que puede afectar materialmente sus resultados de operaciones”, apunta.