Madrid ya puede privatizar el agua, pero tras el 24M será difícil que lo haga

Como no había pocas incertidumbres en la formación de un nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid, con mil y un condicionantes puestos sobre la mesa para llegar a pactos, surge una más. La que procede de la sentencia que acaba de hacer pública el Tribunal Constitucional para dar vía libre a la privatización del Canal de Isabel II de Madrid.

Lo que hace el Alto Tribunal, al desestimar el recurso de inconstitucionalidad presentado hace tres años por 50 senadores del PSOE, es avalar la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida como ´ley de acompañamiento’ a los presupuestos de la Comunidad de Madrid correspondientes al ejercicio 2012, entonces presentados por el Ejecutivo que presidía Esperanza Aguirre.

De tapadillo en 2012

La medida, incluida de tapadillo en esta ley, levantó una inusitada polémica entre las fuerzas políticas y fue objeto de discusión a todos los niveles. Motivada, sobre todo, por el contenido del artículo 5 de la norma legal –el que verdaderamente fue recurrido–, el que establecía la posibilidad de enajenar hasta un máximo del 49% de la empresa pública de suministro de agua a operadores económicos y ciudadanos.

Además de establecer las modificaciones legales que permiten a la Comunidad avanzar en la venta del Canal, la ley de acompañamiento permitía al Canal tomar participaciones de otras empresas. «La nueva sociedad podrá realizar actos que impliquen la adquisición o pérdida de su participación mayoritaria, directa o indirecta, en el capital de estas sociedades sin necesidad de autorización del Consejo de Gobierno», recogía el texto.

Respuesta ciudadana

Entonces, hace tres años, la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad, por parte del Constitucional, se producía días después de que la Asamblea de Madrid rechazara volver a discutir en sede parlamentaria la privatización del Canal.

Coincidiendo con este hecho, en marzo de 2013, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, partidos como IU, sindicatos como CCOO y entidades como Ecologistas en Acción organizaron una consulta popular en la que preguntaron a los ciudadanos si querían que el Canal siguiera siendo cien por cien público. Votaron casi 170.000 personas, según los organizadores, en su práctica totalidad dijeron estar de acuerdo en mantener la propiedad pública de la empresa de aguas.

Ahora, otro panorama

Ahora, las cosas han cambiado. El PP no solo ha perdido la mayoría de gobierno de cara a la legislatura que se avecina, sino que la enajenación parcial del Canal de Isabel II, que entonces promovió, ni siquiera ha sido recogida en el programa electoral con el que Cristina Cifuentes ha logrado la victoria electoral.

La omisión total a la entidad pública en el programa del PP contrasta con la rotundidad en la defensa de la propiedad pública que PSOE, Podemos y Ciudadanos hacen de la misma.

Ciudadanos, el partido con el que el PP aparentemente podría tener más cercano alcanzar un pacto, deja clara cuáles son sus intenciones respecto al futuro del Canal de Isabel II. «Continuará siendo propiedad de todos los madrileños, manteniendo los altos estándares de calidad actuales y estudiándose nuevas vías para mejorar su gestión económica y evitar sobrecostes innecesarios a los madrileños», explican. O sea, nada de privatizar y solo se muestra abierto a alternativas en la gestión.

PSOE y Podemos

Para el PSOE, con su candidato Ángel Gabilondo al frente, el agua en la Comunidad de Madrid exige un tratamiento coordinado y una política que la considere como un bien de dominio público imprescindible para la salud y la calidad de vida. Y, en ese sentido, sería el Canal de Isabel II la herramienta fundamental para llevar a cabo estas iniciativas, «comprometiéndonos a que siga siendo 100% público».

Y el colofón lo pone Podemos, que va un punto más allá. No solo descarta de plano cualquier proyecto privatizador del Canal, sino que pretende que la entidad pública sea quien suscriba el capital para crear el Banco del Agua, como eje financiero del tejido empresarial y social. Una propuesta tiene su referencia en la exitosa experiencia del Banco del Agua holandés, el  Nederlandse Waterschapsbank.

Precedente para ATLL

La ratificación del Constitucional al proyecto de privatización del servicio en Madrid tiene efecto en Barcelona. La privatización del servicio de aguas de la capital catalana y su ámbito de influencia también acabó en los tribunales, pero por una batalla a tres bandas entre la Generalitat y Acciona por un lado y Agbar por el otro; el caso ATLL.

En este caso, el Gobierno de Artur Mas consigue salir airoso de las críticas que se le vertieron desde la oposición por privatizar un servicio que se considera esencial y derivar en el principal frente jurídico abierto en Catalulña; en el que está en juego un desvío presupuestario de 0,5 puntos porcentuales (955,51 millones de euros) del PIB de la Comunidad.

A la espera del TSJC

Mas tiene el aval del TC por haber usado Aigües Ter Llobregat (ATLL) para conseguir recursos económicos en el momento más duro de la crisis, en 2012. Cabe tener en cuenta que incluso su socio de Gobierno, ERC, ha censurado la enajenación de este activo por haber obtenido liquidez y limitar el déficit público de la Generalitat.

Le falta el aval de otra instancia judicial al concurso público que terminó con la adjudicación de la concesión a un consorcio liderado por Acciona junto a BTG Pactual y un grupo de minoritarios entre los que se encuentran las familias Rodés y Torreblanca.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se reunirá a mediados de mes para analizar si realmente la oferta de los Entrecanales no se ajustó a los pliegues de condiciones y se tenía que excluir de la licitación, tal y como afirmó el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (entonces denominado Oarcc). La sentencia redactada se espera para antes de las vacaciones de verano.