Los trabajadores de Alu Ibérica cargan contra Alcoa y ven un «chantaje» en su oferta
El comité de empresa critica la "prepotencia" de Alcoa con su última propuesta y advierte de que no va a "blanquear cualquier delito de que haya podido cometer"
El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña tilda de «chantaje» la propuesta que Alcoa ha dado a conocer este jueves para alcanzar «un acuerdo global» con el que poner fin a los procedimientos judiciales abiertos por la venta de sus antiguas plantas de A Coruña y Avilés.
Juan Carlos López Corbacho ha trasladado que estudiarán la propuesta, pero ha lamentado la «prepotencia» con la que, según afirma, actúa la multinacional, «que hace lo que le da la gana porque el Gobierno se lo permite».
En este sentido, el representante de los trabajadores ha acusado a la compañía de ser «la gran culpable», dado que «ellos licitaron a quienes entraron en la planta». «Tendríamos que tener una planta moderna y se despreocuparon», ha criticado. Ha aseverado además que los trabajadores no van a «blanquear cualquier delito que haya podido cometer la multinacional sin más», que «debería asumir todas las consecuencias».
En paralelo, los trabajadores de Alu Ibérica han vuelto a manifestarse en A Coruña para, «una vez más, pedir una solución para la fábrica» y «la intervención por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)«. Los sindicatos acumulan semanas negociando el acuerdo de despido colectivo que deberá ser aprobado por los trabajadores de las dos empresas.
La postura de Alcoa
La propuesta planteada está condicionada a que se alcance un acuerdo global que sea aceptado por todas las partes interesadas. Para lograrlo, Alcoa y las dos administraciones concursales de Alu Ibérica Avilés y Alu Ibérica A Coruña llevan semanas negociando el acuerdo de despido masivo que deberá ser aprobado por los trabajadores de las dos empresas.
«Un acuerdo global beneficiaría a todas las partes y, en el caso de Alcoa, permitiría centrar sus esfuerzos en su negocio actual en España», han señalado desde la aluminera, que defiende que «actuó con total transparencia y de conformidad con la legislación española en el proceso de venta». «Sin embargo», añaden, «las acciones de los posteriores propietarios han tenido un impacto negativo en los exempleados que permanecen en las plantas, lo que ha resultado en varios procedimientos judiciales».