Los políticos pasan de los traductores de los juzgados que no saben idiomas
El PSOE, Podemos y Ciudadanos aceptan que Seprotec, que falsifica datos y conocimientos de sus traductores, siga al frente de los servicios de interpretación en los juzgados de Madrid
Seprotec, una empresa que falsificó los datos de sus traductores e intérpretes para entrar en los tribunales catalanes, es la encargada de traducir y hacer las interpretaciones en los juzgados de Madrid, con la indiferencia de los partidos políticos regionales, las autoridades judiciales y los sindicatos.
El gobierno de la Comunidad de Madrid contrató a Seprotec para las traducciones e interpretaciones de la mayoría de los juicios de la Comunidad aunque buena parte de sus traductores e intérpretes no saben idiomas, no tienen titulación ni experiencia profesional acreditada.
Las quejas
Los trabajadores judiciales se quejan cada día de la falta de preparación de los intérpretes que no tienen un dominio del idioma y que complican el entendimiento en los tribunales entre los acusados o los defendidos que solicitan un intérprete porque no hablan castellano.
Pese a las quejas y a que la empresa contrata a cualquiera como traductor, la Comunidad de Madrid defiende la actuación de Seprotec, que paga a los traductores e intérprete 10 euros la hora por trabajo. La Comunidad de Madrid asegura que el número de quejas es mínimo.
Los partidos de la oposición, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos han aceptado la continuidad de Seprotec al no exigir al gobierno regional una investigación a los contratos de la compañía que había sido investigada en Cataluña.
El Partido Socialista y Ciudadanos han pedido tímidamente al gobierno regional una mejora en las condiciones de los traductores e intérpretes, mientras que Podemos no ha entrado en los malos servicios de traducción que atentan contra las garantías procesales de los inmigrantes que no entienden el castellano.
Los sindicalistas
Los trabajadores de los juzgados de Madrid aseguran que los problemas con los traductores que no saben traducir se han convertido en la norma en lugar de la excepción. Salvo la juez Pilar De Luna, la mayoría de los magistrados no han hecho quejas públicas sobre la calidad del servicio aunque la mayoría de ellos se queja de las malas traducciones en privado. L
os trabajadores y los sindicalistas han denunciado la precarización de los traductores e intérpretes judiciales que cobran 10 euros la hora, pero las agrupaciones sindicales también han sido tibias al exigir una revisión de las prácticas de la empresa.
