Los números del traslado de Ence: 185 millones por desmantelamiento, ERE y fin de la concesión
Tras el fallo de la Audiencia Nacional, la factura para Ence por el desmantelamiento y el ERE en Pontevedra ascendería a 74 millones y borraría otros 111 millones de su balance
Imagen de archivo del presidente y consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares (c) acompañado del exdelegado de la Xunta Jose Manuel Cores (i) y el director de la factoría Antonio Casal, durante la firma de un pacto ambiental entre la empresa y la Xunta de Galicia / EFE (Salvador Sas)
A Ence le sale caro el fallo por el que la Audiencia Nacional anula la prórroga de la concesión de su planta en Pontevedra. La compañía ha anunciado que presentará un recurso contra una sentencia que no solo le dejaría sin un activo con el que genera casi 200 millones de euros en ingresos anuales, sino que, además, le obligaría a poner en marcha un desmantelamiento con una factura millonaria.
Y es que Ence cifra en 185 millones de euros el impacto extraordinario del cierre de su biofábrica de Lourizán en su cuenta de resultados. De esta cantidad, 111 millones se corresponden al impacto contable por la pérdida de un activo clave, mientras que los 74 millones restantes obligarán a la compañía a rascarse el bolsillo.
La factura para Ence
En concreto, Ence calcula que tendrá que desembolsar una cantidad cercana a los 43 millones de euros solo para abordar las actuaciones de desmantelamiento de una factoría que el año pasado produjo 434.718 toneladas de celulosa. A este pago se suman los 15 millones de euros por el expediente de regulación de empleo (ERE) sobre los casi 300 operarios de la planta pontevedresa y otros 16 millones por la cancelación de los contratos que tiene en vigor.
Este último cálculo lo realiza la compañía en base a la experiencia que supuso el desmantelamiento de su antigua fábrica de Huelva. Ence contaba con una tercera factoría en la ciudad onubense (se sumaba a la de Pontevedra y Navia), pero en 2014 decidió cerrarla ante «el problema de falta de madera competitiva» por la expansión los cultivos de fresa y cítricos a costa de los eucaliptales. Aquel proceso supuso una reconversión para Ence, que decidió compensar esta decisión con la puesta en marcha de dos plantas de biomasa (de 50 y 41 megavatios) en el complejo donde anteriormente se encontraba su planta de celulosa.
‘Pierde’ 200 millones de facturación
Los inversores han reaccionado al fallo de la Audiencia Nacional con una oleada de ventas de acciones de Ence, que protagonizó la mayor caída de la sesión del viernes tras retroceder un 9,1% y marcar mínimos de hace ocho meses.
El varapalo judicial impactará con una huella de 185 millones de euros en Ence y, además, dejará a la compañía sin uno de los principales motores de su cuenta de resultados. La compañía cosechó una facturación de 195,5 millones de euros en 2020 con la venta de la celulosa y la energía producida en su complejo de Pontevedra, en la que también cuenta con una planta de cogeneración.
La cifra supuso un descenso del 15,2% respecto a los 230,5 millones de euros cosechados en 2019 (año previo a la crisis del Covid-19). Complementó, de esta manera, a los 278,1 millones de euros que generó a través de su fábrica en Navia, en la que la compañía preveía duplicar sus inversiones ante el jaque a Pontevedra.
Ence pide su indemnización
El propio presidente y consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, aseguró en una visita a la planta asturiana que era «muy probable» que la cifra de 300 millones de euros en inversiones prevista «se doble» en cinco años ante la congelación de las nuevas actuaciones en Pontevedra.
La compañía exigió que se le garantizase la continuidad de su concesión hasta 2073 antes de poner en marcha de inversiones por valor de 395 millones de euros para mejor la eficiencia de la fábrica de Pontevedra. Ahora el fallo de la Audiencia Nacional entierra definitivamente estas posibles inversiones en Lourizán (mientras el Supremo no dé la razón a Ence con su recurso) y abre la puerta a que la pastera inicie la batalla legal para hacerse con una indemnización millonaria.
La firma calculó en su momento en 132 millones de euros el importe que le reclamaría al Estado en el caso de que se anulase la prórroga a la concesión de su planta gallega, cuya fecha de caducidad queda fijada para 2033 tras el fallo de la Audiencia Nacional. Se trata de la misma cantidad que la firma dedicó a inversiones en el complejo de Lourizán entre el año 2016 (cuando se le concedió la prórroga) y marzo de 2019, fecha en la que el Gobierno, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, pasó a respaldar al Concello de Pontevedra, Greenpeace y la APDR al allanarse en sus demandas contra la extensión de la concesión de la planta de Ence.
