Los líos de Villar Mir con la ‘Púnica’ salpican a San José
La Audiencia Nacional imputa en el 'caso Púnica' a Gustavo Muñiz, presidente de la UTE con la que San José se adjudicó las obras del metro ligero a Boadilla
Nueva ronda de imputaciones por el Caso Púnica, que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular. La expresidentas de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, completarán una ronda de declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, por la que también tendrá que pasar un viejo conocido del Grupo Villar Mir y de la gallega San José: Gustavo Muñiz Fernández.
Se trata del directivo que en su momento ocupó el cargo de jefe de obras del Grupo Azvi, firma que se adjudicó la construcción del metro ligero a Boadilla en una unión temporal de empresas (UTE) en la que participó con Elsan (filial del Grupo Villar Mir) y con la propia constructora que preside Jacinto Rey.
Sobrecostes de más del 50%
El contrato para la construcción de esta infraestructura ferroviaria de casi 14 kilómetros de longitud fue adjudicado a comienzos del año 2005 por un importe de 86,5 millones de euros después de que la UTE conformada por San José logró desbancar a otras firmas como Comsa, Ortiz o Corsan.
Sin embargo, una vez iniciadas las obras, las facturas no dejaron de multiplicarse. Tanto es así que el presupuesto finalmente ejecutado en la construcción de este metro ligero se acabó disparando hasta los 134 millones de euros, un 55,8% por encima de lo inicialmente previsto por la oleada de sobrecostes.
«La investigación ha revelado que los contratos adjudicados a las empresas concertadas experimentaban, durante la ejecución de la obra, un elevado sobrecoste de su precio de licitación, por la existencia de nuevos contratos por modificados y contratos complementarios de la obra inicialmente contratada, que siempre eran adjudicados de forma directa, sin concurso, a aquellas empresas. El precio de estos nuevos contratos llegó en algunos casos a superar el precio del contrato inicial», asegura el auto de la Audiencia Nacional.
Elsan, López Madrid y Marjaliza
La Justicia investiga si los sobrecostes en esta línea de metro a Boadilla, pero también en el tramo 1C de Metrosur o el 1A de Metronorte podrían esconder presuntas comisiones ilegales a altos cargos del Gobierno madrileño como el exconsejero de Presidencia, Francisco Granados, que actualmente cumple una condena de prisión de dos años por el chivatazo que le dio un Guardia civil sobre el caso Púnica.
La investigación sitúa a Granados en el centro de esta trama que, según el juez instructora, tenía al empresario David Marjaliza como conseguidor. Su sombra también se proyecta sobre la UTE de San José, Azvi y Elsan. A través de Obrum, una constructora participada por él mismo, Marjaliza adquirió la mercantil Grabitum SL. Se trata de la sociedad a la que OHL transfirió los activos de Elsan apenas unas semanas después de ganar el contrato para el metro a Boadilla, en un movimiento que ahora ya se encuentra bajo la lupa de la Justicia.
