Los fraudes masivos de electricidad se disparan en toda España
Endesa detectó en 2016 cerca de 110.000 casos, un 32% más que un año antes, que equivalen al consumo conjunto de Lanzarote y Fuerteventura
En los últimos días se han desencadenado diversas operaciones policiales contra fraudes masivos de electricidad. En Huesca, técnicos de Endesa, acompañados de agentes antidisturbios de la Policía Nacional, inspeccionaron una cuarentena de viviendas del conflictivo barrio del Perpetuo Socorro. Más de la mitad tenían enganches de luz ilegales.
En las localidades granadinas de Iznalloz y Guadahortuna, la Guardia Civil formuló acusaciones contra más de noventa personas por manipular el contador o conectarse ilegalmente a la red. Incluso actuaron contra el local de Ganemos, la marca blanca de Podemos en Iznalloz, que antes había ocupado el PP.
En la ciudad de Granada se ha desplegado este febrero un operativo policial a gran escala contra los cultivos de marihuana con el objetivo de acabar con los cortes de luz. Estas plantaciones, en el interior de casas y locales, requieren un consumo eléctrico tan elevado que sus propietarios optan por engancharse fraudulentamente a la red.
Las operaciones contra viviendas y locales que pinchan la luz se han disparado en toda España, aunque los principales defraudadores eléctricos siguen siendo las empresas y los grandes consumidores. Así lo constatan las compañías subministradoras y la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC). Desde este último organismo, que preside José María Marín Quemada, se confirma el aumento de la piratería eléctrica, hasta el punto de que se está profesionalizando el fraude. En un informe, la CNMC advierte a las empresas que pinchar la luz de forma ilegal constituye competencia desleal. No compiten en el mercado en igualdad de condiciones que el resto.
Hoteles y restaurantes son los que más defraudan
Endesa detectó el año pasado cerca de 110.000 casos de fraude eléctrico, que suponen un 32% más que en 2015, según apuntan fuentes de la compañía. Este fraude se ha contabilizado en 1.400 millones de kw/h, que equivale al consumo de las islas de Lanzarote y Fuerteventura durante todo un año. Estas fuentes precisan a Economía Digital que el fraude oculto, que todavía no han descubierto, podría ser más del doble y alcanzar los 3.000 millones de kw/k.
El 96% de los casos de fraude detectados corresponden a empresas y a grandes consumidores. No se trata de familias que pinchan la luz porque no pueden pagarla, sino de defraudadores que intentan sacar un provecho económico en su actividad empresarial. Entre estos se encuentran un gran número de empresas hoteleras y de restauración, según señalan las fuentes consultadas.
No se identifica a los piratas eléctricos
Las compañías eléctricas no ofrecen información sobre la identidad de sus principales defraudadores. A preguntas de este medio, desde Iberdrola y Endesa se ha declinado facilitar estos datos. El ministerio de Hacienda difunde cada año la lista de morosos fiscales, pero las compañías no publicitan quiénes son sus piratas eléctricos. No obstante, su fraude lo pagan todos los ciudadanos porque, en aplicación de la normativa vigente, repercute en el recibo de la luz.
El fraude eléctrico incrementa el recibo que paga el conjunto de los usuarios en más de 150 millones de euros, según datos del CNMC.
Algunos casos han acabado en los medios. Por ejemplo, el de José Luis Velasco Blanco, conocido con el mote de «el hotelero pirata». Hasta el pasado septiembre, regentó en Lloret de Mar cuatro hoteles –uno de ellos de cuatro estrellas- con enganches ilegales de electricidad y agua. Uno de ellos, incluso tenía pinchado el gas. El Ayuntamiento ordenó su clausura.
Una polémica sorprendente tiene como protagonista a un concejal del equipo de gobierno de Torredembarra (Tarragona). Tres grupos de la oposición forzaron hace unos días un pleno extraordinario para que Lluís Suñé, adscrito a una lista independiente de izquierdas, diera explicaciones por haber regentado un bar que supuestamente tuvo la luz pinchada durante cuatro años, según avanzó Diario de Tarragona. Ocurre que, como concejal de Acción Social, Suñé es el encargado de gestionar los casos de pobreza energética de este municipio. Suñé niega los hechos. No obstante, éste abandonó el pleno cuando el propietario del local exhibió un documento por el cual el concejal reconocía una deuda con Endesa.
