Los fondos buitres se atragantan con la gestión de viviendas en España

Los fondos buitres Blackstone y Goldman Sachs andan dando los primeros pasos para hacer negocio con los 6.000 pisos protegidos que, entre 2013 y 2014, han adquirido, en Madrid, Barcelona y Guadalajara, a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, a la Sareb, a la constructora FCC y a la promotora Martinsa-Fadesa.

Se trata de obtener el máximo beneficio a los 420 millones invertidos en la compra de estas viviendas. ¿Cómo? Inicialmente, todo pasa por mantener los contratos de alquiler pactados previamente con los inquilinos. Hablamos de rentas medias de unos 450 euros para un rendimiento anual superior al 10% sobre el capital invertido.

A partir de ahí, en un proceso progresivo de convertir el arrendamiento con opción a compra en la adquisición efectiva, terminar la operación a finales de la presente década con la venta de esas viviendas.

Jean François Bossy y Tavis Cannell

Si todo fuera como ruedas, esas viviendas se alquilaran en su totalidad y, luego, se vendieran a los precios que inicialmente estaban pactados, el éxito de Jean François Bossy y Tavis Cannell –los principales responsables de la gestión de viviendas protegidas en España de los fondos Blackstone y Goldman Sachs, desde sus atalayas en Luxemburgo y Londres– sería rotundo.

Habrían logrado triplicar el capital invertido, con unos ingresos muy superiores a los 1.200 millones, para obtener unos beneficios netos cercanos a los 1.000 millones de euros en menos de una década. Pero el tema se está enredando más de lo previsto. Básicamente, porque la situación económica en España no acaba de mejorar a los niveles que estos fondos preveían. Y, de momento, ni se alquilan ni se venden.

La crisis entorpece el negocio

Tomando como referencia las dos operaciones de mayor calado, las que ambos fondos cerraron durante el verano de 2013 –primero con los 1.860 pisos que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) vendió a Blackstone por menos de 130 millones, y, después, los poco más de 200 millones que Goldman Sachs pagó a la Comunidad de Madrid por casi 3.000 viviendas–, en ambos casos esa situación está provocando un sinfín de problemas derivados del impago de las rentas.

Procesos de desahucios, ocupaciones ilegales y dificultades para alquilar y vender los pisos que, finalmente, estos fondos logran poner en el mercado una vez desalojados sus originarios propietarios.

Vallecas, objeto de deseo

«En Vallecas, desde la asociación, ya hemos logrado parar unos 50 desahucios, aunque sabemos que, en otros casos, se han llevado a cabo decenas de desalojos. Y algunas de estas casas ya se han vendido o alquilado a terceros», comenta Enrique Villalobos, portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de la Vivienda Pública.

El Ensanche de Vallecas, uno de los nuevos barrios levantados durante el ‘boom’ inmobiliario en Madrid capital, se ha convertido en el principal objeto de deseo, tanto de Goldman Sachs como de Blackstone. Entre ambos han adquirido allí cerca de 2.500 pisos protegidos.

Encasa Cibeles y Fidere

En el año y medio transcurrido desde las compras, tanto Encasa Cibeles como Fidere –las dos empresas que se encargan de gestionar los activos de Goldman Sachs y Blasckstone–, respectivamente, lo que están buscando es que los inquilinos paguen las rentas –en la mayoría, aumentadas al imputar el pago del IBI y los gastos de comunidad – o, si no lo hacen, ir a un proceso de desahucio.

«Buscan cualquier resquicio legal para subir las cuotas de la renta, impedir la prórroga de los contratos vencidos o eliminar las ayudas públicas. Lo que sea para deshacerse de las familias que no pueden pagar lo que ellos piden. Y muchos vecinos, antes de que lleguen a echarlos, están dejando las casas para evitar pasar la vergüenza de un desahucio», explica Enrique Villalobos el drama social que se está viviendo.

Logrado que el piso se quede vacío y eliminada la calificación de vivienda protegida, algunas de estas viviendas son canalizadas por Encasa Cibeles y Fidere a través de consultoras especializadas como Roan y Anticipa o, directamente, a través de portales inmobiliarios como idealista. Pisos que se ofrecen ya a precios de mercado, por encima incluso de los 600 euros mensuales en esa zona del ensanche de Vallecas.

Querellas en curso

Los afectados, a través de las asociaciones creadas, se han personado en los tribunales, directamente o uniéndose a algunas de las querellas presentadas por los partidos políticos, para intentar parar estos procesos de venta.

En el caso de la capital, y respecto a la venta a Blackstone de los casi 1.900 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), la oposición socialista ha interpuesto una querella –en la que los vecinos se han personado como acusación popular– por enajenar bienes destinados a fines sociales.

Y, por lo que a la enajenación de viviendas de la Comunidad de Madrid (Ivima), a finales del pasado mes de diciembre declaró como imputada la directora general del Ivima, Ana Gomendio, por prevaricación y malversación de caudales públicos. Y, ahora, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga los patrimonios tanto de Gomendio como de otros altos cargos de la Comunidad de Madrid por si hubiera habido enriquecimiento ilícito ligado a la venta de viviendas a Goldman Sachs.