Los farmacéuticos deben dispensar medicamentos aunque Sanidad no se los pague
Los profesionales incurrirían en faltas muy graves que incluso podrían derivar en responsabilidades penales
Los farmacéuticos catalanes no pueden dejar de dispensar medicamentos con receta a pesar de los retrasos en el pago por parte de la Generalitat, que ha acumulado una deuda que ya alcanza los 227 millones y que corresponde a septiembre, octubre y noviembre de 2014.
Las conclusiones del informe son claras. Si las oficinas de farmacia incumplen «sus obligaciones legales» estarían cometiendo una «infracción muy grave tipificada en la Ley de garantías». Esta falta «podría dar lugar al ejercicio de reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios por los usuarios afectados y a la exigencia de responsabilidades penales», indica el informe, al que ha tenido acceso Economía Digital.
Responsabilidades
El texto señala que si se decide bloquear el sistema que permite distribuir medicinas con receta «los responsables serían tanto los farmacéuticos titulares de las oficinas de farmacia de Cataluña como los COF (colegios oficiales de farmacéuticos)».
Tampoco pueden cobrar el fármaco a los enfermos a precio de mercado, sin descontar la receta. «La exigencia del precio íntegro del medicamento en la dispensación es un acto ilegal que no está justificado por el impago de la prestación farmacéutica de los poderes políticos», concluyen los letrados de Pérez-Llorca.
Acción de responsabilidad patrimonial
El bufete es uno de los más experimentados del país en el sector. Uno de sus letrados, Juan Rodríguez Cárcamo, abogado del Estado en excedencia, logró el acuerdo farmacéutico de 2011 en Castilla-La Mancha para que los profesionales cobraran la deuda pública y se unió en noviembre de 2012 a la negociación en la Comunitat Valenciana como mediador entre los colegios provinciales de oficinas de farmacia y las consejerías de Sanitat y Hacienda.
Según su estudio, lo único que pueden hacer los profesionales del sector es «reclamar el pago de las recetas a través del ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial de la Administración» si ésta «decidiera no regular ningún sistema de concertación al respecto».
El concierto de 2015, pendiente de negociar
Este es, precisamente, el camino que parece ser que ha escogido el Gobierno de Artur Mas. El Ejecutivo catalán ni siquiera ha empezado a negociar un nuevo concierto que regule el cobro de los medicamentos dispensados con receta en 2015.
Los colegios profesionales tienen pendiente reunirse con los representantes de CatSalut y la consejería de Salut, encabezada por Boi Ruiz, para «ver el panorama económico» del ejercicio que acaba de empezar, señalan fuentes del colegio. En los contactos mantenidos hasta ahora, la Administración catalana no se compromete a pagar cada mes.
Son poco optimistas en el capítulo económico. Por ello, de forma paralela al estudio de las opciones legales que tienen para cobrar la deuda de 227 millones actual, se pasarán en bloque a Caixabank para obtener más financiación a un mejor precio.
