Los empresarios afectados por la morosidad vencen en los juzgados
Casi todas las empresas que han denunciado a la administración o a las grandes empresas por retraso en los pagos han ganado intereses y gastos de reclamación
Casi nadie se atreve pero los empresarios que acuden a los juzgados por morosidad, cobran. Las pequeñas y medianas empresas afectadas por la morosidad de las corporaciones y las administraciones públicas han vencido en casi todo los juicios que han presentado contra quienes incumplen la ley.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una empresa afectada por demoras en los pagos a reclamar intereses y costes de reclamación. El tribunal le ha reconocido en derecho de indemnización en virtud de la ley de morosidad aprobada en 2010.
La lucha por los pagos puntuales también ha dado la razón a las farmacias de Cataluña y Valencia que han recibido pagos millonarios (casi 10 millones en el caso de Cataluña) por las demoras sistemáticas de la Generalitat.
El problema de las empresas que se financian gracias al retraso en los pagos a sus proveedores ha llevado a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad a arreciar las presiones a los partidos políticos y al gobierno del Partido Popular para que imponga un régimen sancionador que obligue a las empresas a cumplir los plazos legales sin necesidad de que su proveedor lo denuncie en los tribunales.
«El problema de reclamar judicialmente es que la pequeña empresa o el autónomo pierden un cliente casi de forma instantánea a la denuncia», explica Antoni Cañete, presidente y portavoz de la plataforma.
Leve mejora
El plazo de pago de las empresas a sus proveedores se ha reducido pero la mayoría de los contratos incumplen el máximo legal de 60 días, según ha denunciado este miércoles la plataforma.
El miedo a reclamar los intereses y los costes de reclamación hace que la gran mayoría de empresas acepte pagos superiores a los de la ley. Sólo el 9% reclama los gastos por pagos tardíos.
En 2012, las empresas pagaban, en promedio, en 93 días. Los plazos se han reducido de forma paulatina hasta los 77 días el año pasado, según la plataforma. Es un avance, pero la mayoría siguen sin cumplir los plazos estipulados por la ley.
