Los emprendedores arruinados exigen más controles para frenar los abusos de las franquicias
Un grupo de afectados de Lizarrán, Vitaldent, Foster's Hollywood y Opencel se unen para exigir a los partidos que modifiquen la ley
Comenzaron enamorados de sus marcas e incluso fueron embajadores de ellas, pero descubrieron que detrás de la publicidad que prometía rentabilidad y éxito, la realidad era mucho más cruda. Los franquiciados arruinados por insignias como Vitaldent, Grannier, Lizarrán, Foster’s Hollywood, Pannus, Fisioquiros y Opencel, entre otras, se han unido en la Plataforma de Afectados por las Empresas Franquiciadoras (PAEF) para pedir la modificación del Código de Comercio. La asociación quiere poner coto a los que consideran que son «abusos sin límite» por parte de algunas empresas.
El grupo de afectados pedirá que el Código de Comercio incluya cláusulas para proteger a los franquiciados de los contratos leoninos de las grandes marcas. En la redacción del actual código, tales protecciones desaparecieron «de forma misteriosa».
Sin ley española
«Cuando se redactó el anteproyecto del actual Código de Comercio, se incluyeron más de una veintena de artículos que regulaban los contratos de franquicia. Es decir, en las comisiones codificadoras, los técnicos entendieron que era necesaria una regulación y así lo plasmaron en la exposición de motivos. Pero cuando el documento pasó a proyecto de ley, es decir, a su fase política, todos esos artículos desaparecieron. Y es por ello que la franquicia sigue sin estar regulada en España», explica José Zamarro, ex franquiciado afectado y ahora asesor legal del despacho Pérez-Álvarez, especializado en derecho concursal, inmobiliario y franquicias.
El abogado especializado en este esquema de negocios ha aglutinado a los emprendedores arruinados de múltiples marcas para demostrar que el problema no reside en una enseña en concreto ni que se trata de casos aislados. El grupo quiere demostrar que lo que falla en España es el modelo de franquicia.
Los afectados coinciden en que la ley española debe contemplar la posibilidad de que los franquiciados que abran un negocio inviable puedan cerrar automáticamente por causas económicas. «Los franquiciados no tienen la obligación de arruinarse por el hecho de haber firmado un contrato leonino impuesto por el franquiciador», explican los integrantes de la asociación en un manifiesto.
El problema de la franquicia también suele ser una lenta agonía. No hay posibilidad de escaparse si los números van mal porque el contrato condena al pequeño emprendedor a permanecer con la marca, aunque el negocio vaya mal. El esquema perverso, permite a la red seguir vendiendo productos al afectado y, cuando quiebre, el local puede traspasado a un nuevo emprendedor y, de esta forma, generar más ingresos a la central.
La asociación tiene como objetivo unir a un gran número de afectados por los negocios franquiciadores que imponen, según su criterio, condiciones abusivas. Así, los beneficios se producen siempre del lado de la cadena mientras que los emprendedores que luchan por sacar adelante la marca terminan asumiendo las pérdidas.
Auditoría independiente
La naciente plataforma también pedirá la realización de una auditoría independiente sobre el estado de la franquicia en España. Hasta ahora, solamente el PSOE se ha mostrado partidario en la investigación del modelo de negocio de las franquicias. En noviembre de 2013, el grupo político solicitó al gobierno investigar la relación de DIA con sus franquiciados.
El portavoz del PSOE de la Comisión de Economía en la legislatura anterior, Valeriano Gómez, pidió al gobierno investigar este tipo de contratos. Pero desde entonces, ninguna iniciativa parlamentaria ha prosperado contra los modelos de franquicias dudosas ni el gobierno ha dado curso a las peticiones.
Hasta ahora las únicas auditorías realizadas sobre el negocio en España, la de la Asociación Española de Franquiciadores, el lobby del sector, ofrecen una visión mucho más idílica.
Según el informe, el sector genera 26.482 millones de euros en España y cuenta con 65.810 establecimientos con un crecimiento interanual del 3%. Son unos excelentes resultados que se sustentan en el sector más oprimido del modelo.
Contrato entre desiguales
La plataforma denuncia que la relación de desiguales entre la cadena central y el pequeño emprendedor siempre termina oprimiendo al más débil. Además, los asesores legales de los afectados explican que las grandes marcas optan por esquivar cada vez más la normativa.
«Cada vez hay más contratos de franquicia que evitan la jurisdicción ordinaria, y contienen cláusulas que en caso de conflicto remiten al franquiciado a cortes de arbitraje. Entablar un conflicto ante este fuero es mucho más costoso, lo que en muchos casos se traduce en la indefensión del franquiciado», explica la plataforma en un documento de constitución.
España cuenta alrededor de 55.000 franquiciados concentrados en un millar de marcas. Algunas grandes compañías como DIA, Vitaldent y Foster’s Hollywood han terminado en litigios judiciales.
