Los empleados de Alcoa se hartan: piden la intervención de la fábrica
Cien trabajadores de Alcoa protestan frente a la Xunta para pedir la intervención de la planta de A Coruña y acusan a Feijóo de pasividad
La agónica contrarreloj del cierre de Alcoa marca un nuevo capítulo cuando más se acerca el fin de la prórroga para la negociación del ERE de extinción en A Coruña y Avilés. Sobre un centenar de trabajadores de la factoría de Alcoa en A Coruña se ha concentrado este jueves frente a la sede de la Xunta en Santiago para reclamar la «intervención» de la planta y denunciar que el Gobierno gallego «no se está pronunciando» en el conflicto.
El presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, ha asegurado que la Xunta «tiene competencias» en medio ambiente e industria y «desde luego no se está involucrando» en el proceso de «salvar» la planta coruñesa.
Además, ha pedido al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóoo, que lo reciba en su despacho, puesto que, de no hacerlo, se lo tomarán como una «falta de respeto». «Él sabrá lo que hace y allá con sus decisiones», ha sentenciado.
Esta protesta tiene lugar a menos de dos semanas del cierre del plazo para negociar el ERE en las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, después de que trabajadores y patronal llegasen a finales de diciembre a un acuerdo para prorrogar el diálogo hasta el próximo 15 de enero.
La nacionalización
Los distintos cánticos entonados por el centenar de trabajadores en San Caetano han versado sobre la necesidad de «intervenir» en las plantas. Sobre este punto ha insistido, precisamente, el candidato del BNG a la Alcaldía de A Coruña, Francisco Jorquera, quien también ha formado parte de la concentración.
El nacionalista ha recordado que la factoría coruñesa pertenecía al grupo público Inespal y «daba beneficios», si bien más tarde fue vendida a la multinacional en una transacción en la que el Estado «perdió dinero». «¿Qué hizo Alcoa? No invertir en la planta, hacerse con la cuota de mercado que tenía Inespal y ahora quiere cerrar y además no quiere que se venda la planta», ha criticado.
De este modo, y frente a estas «prácticas mafiosas», según sus palabras, Jorquera ha afirmado que el Estado «tiene mecanismos para resolver» el conflicto, como que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) «se haga cargo» de la planta y «busque comprador», ha propuesto.
«No es de recibo decir que esa es una política de nacionalización que no tiene cabida en el Estado español cuando asistimos siempre a nacionalizaciones a la inversa: acoger a bancos privados que dan pérdidas, nacionalizarlos, recurrir al dinero público para sanearlos y luego regalarlos al sector privado», ha sentenciado.
