Los dueños de Varilongo celebran ante sus inversores el ‘no’ del Congreso a la Ley de Minas de Podemos

Rafaella Resources vuelve a dirigirse a sus inversores por la situación política en España. La compañía australiana, promotora del proyecto de reapertura de la mina de Varilongo en Santa Comba, ha remitido un comunicado al regulador bursátil del país oceánico para informar del rechazo del Congreso de los Diputados a una proposición presentada por Unidas Podemos.

«El Parlamento español ha rechazado una moción de Unidas Podemos que habría hecho más difícil asegurarse las aprobaciones de nuevos proyectos mineros y elevaría los impuestos a los productores de minerales existentes», asegura la firma en el escrito.

Rafaella Resources se refiere la votación que tuvo lugar el pasado 23 de junio en el que el Congreso de los Diputados. Fue entonces cuando la Cámara Baja rechazó con 283 votos en contra a la proposición de ley para la reforma de la Ley de Minas, que data de 1973, planteada por Unidas Podemos. La iniciativa de la formación morada no salió adelante después de recibir solo 36 votos a favor y 22 abstenciones.

«El Parlamento resaltó la necesidad de minerales críticos en la transición hacia economías medioambientalmente más responsables y puso el foco en la llamada de la Unión Europea para ser autosuficiente en esas materias primas críticas
en las que el suministro está dominado por terceros», sostienen desde Rafaella Resources.

Podemos envió una carta a sus grandes inversores en marzo

Se trata del segundo episodio en el enfrentamiento entre Rafaella Resources y Unidas Podemos. Y es que la minera ya se dirigió a los inversores el pasado mes de marzo después de que sus principales accionistas recibiesen una carta firmada por los diputados Juan López de Uralde y Antón Gómez-Reino. En ella, los dos representantes de Unidas Podemos advertían de la existencia de denuncias contra las autoridades que habían dado permisos a Valoriza para operar en el yacimiento de San Finx (adquirido por Rafaella Resources a finales del año pasado), así como de una deuda fiscal pendiente de 30 millones de euros. También alertaban de supuestas inversiones millonarias que la minera tendría que llevar a cabo para construir las instalaciones con las que depurar el agua en el yacimiento.

Ante esta situación, Rafaella Resources optó por una suspensión temporal de su cotización en bolsa y por publicar un comunicado en el que tachaba de «engañosa esta misiva». Además, la compañía aseguraba que, “a pesar del membrete de la carta, del Congreso de los Diputados, el contenido de la misma representa opiniones personales de dos autores individuales y no del Gobierno español”, antes de calificar a Unidas Podemos de «partido marginal».

Ahora la firma comunica a sus accionistas el varapalo de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados por la reforma de la Ley de Minas y recuerda que se trata de la misma formación que tres meses atrás lanzó «acusaciones sin fundamentos que han sido refutadas por la compañía».

«Además, el gobierno de España ha dejado claro en su respuesta a la propuesta que el desarrollo de metales críticos es un contribuyente importante a la transición ecológica responsable por parte de las economías de Europa”, sostiene el director general de Rafaella Resources, Steven Turner.