Los Cortina se asocian con empresarios chavistas para comprar una petrolera canadiense
Alberto Cortina se une a Alejandro Betancourt, el millonario más favorecido con las obras públicas chavismo, para controlar Pacific Rubiales, la petrolera canadiense con fuerte presencia en América Latina
El multimillonario Alberto Cortina se ha unido con el empresario chavista Alejandro Betancourt para pujar por Pacific Rubiales, la petrolera canadiense con fuerte presencia en América Latina y que ha alcanzado una explotación de 200.000 barriles diarios en Colombia. Cortina acude en auxilio de su viejo amigo Alejandro Betancourt, empresario conocido en Venezuela con el seudónimo de «bolichico».
Cortina ya tiene el control de 500.000 acciones de la empresa, una palanca que utilizará para ayudar a su amigo venezolano a tomar el control de la petrolera. Con esta adquisición, el millonario venezolano cuenta con más del 19% del control de la compañía que quiere conquistar de la mano de un socio argentino, Diego Marynberg, amigo del ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, según la prensa de ese país.
Cortina ha confirmado que está dispuesto a auxiliar a su amigo venezolano para que logre el salto al mercado latinoamericano.
Lo mejor de cada casa
O’Hara, la sociedad que intenta hacerse con el control de la petrolera canadiense, ha fichado a ocho ex ejecutivos de Repsol entre los que se encuentra Alfonso Cortina, hermano de Alberto, Isaac Álvarez y Ramón Blanco, imputado por el juez Pablo Ruz por la trama Gurtel. Según la policía, fue el cerebro que concibió la operación en paraísos fiscales y creó una compleja red de empresas para blanquear las comisiones ilegales que pagaron empresarios para conseguir contratas públicas.
Los ejecutivos españoles, encabezados por Alfonso Cortina, asesorarán en el proceso para conquistar la petrolera canadiense, según la agencia Bloomberg. Alfonso Cortina fue uno de los líderes del desembarco de Repsol en América Latina en la década de los noventa, cuando la compañía se instaló en Argentina, Perú y Venezuela.
El hombre que todo lo gana
El socio venezolano, Betancourt, ha dejado estupefacto a media Venezuela al ganar 12 megacontratos por valor de 2.100 millones de dólares con una empresa que apenas contaba con 14 meses de fundada. El joven millonario se hizo de oro en un país sumido en una profunda crisis energética con la construcción de plantas eléctricas. Pero tras la muerte de Chávez y el relevo del ministro de Energía, Rafael Ramírez, Betancourt parece distanciado del chavismo y ahora emprende una carrera para conquistar energéticas en América Latina.
Betancourt tiene una enorme residencia en los Montes de Toledo que compró a otro empresario cuestionado: Díaz Ferrán. El exjefe de la patronal traspasó el castillo El Alamín al chavista que rápidamente se supo integrar en la jet set española. Su madre, Lilian López, ha sabido ganar la amistad de la aristocracia madrileña en la enorme finca donde se organizan cazas al gusto de los distinguidos invitados.
Los cazadores
Precisamente esas cazas fueron las que cultivaron la amistad entre los Cortina y los Betancourt. En el castillo de El Alamín, los venezolanos compraban jabalíes, ciervos y muflones para que los invitados cazaran a gusto en los amplios terrenos de la finca. Su afición común les hizo disfrutar de largas sesiones de caza así como algún episodio bochornoso cuando la Guardia Civil interrumpió la fiesta porque los organizadores no contaban con los permisos de caza.
Los amigos millonarios también comparten negocios y suerte. Cortina fue condenado el año pasado a pagar más de 10 millones de euros más intereses a los socios minoritarios de Urbanor por la estafa en la operación inmobiliaria de las torres KIO en Madrid. Aunque su culpabilidad se ha demostrado en los tribunales, se libró de la cárcel.
Betancourt también acaba de salir airoso de la demanda en Estados Unidos por el crimen organizado, conspiración, fraude electrónico y difamación. Un juez federal desestimó la demanda del ex Secretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Otto Reich, al no considerarse competente para juzgar el caso a unos ciudadanos venezolanos.