Los amaños del cártel de las grandes constructoras afectaron a 100 millones en obras en Galicia

Desde 1992, un grupo conformado por algunas de las mayores constructoras del país se reunía cada semana para analizar las licitaciones de obra pública que habían salido a concurso en las diferentes plataformas del Estado. En esas citas, las empresas decidían los procesos en los que iban a compartir, todas juntas o en subgrupos, una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Estos eran encargados de forma conjunta a firmas externas.

Las constructoras no podrían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas si no era con el conocimiento y aprobación del resto del grupo. La única diferencia estaba en los logos y en las denominaciones propias de cada compañía. En esos encuentros semanales preparatorios, las constructoras, además, intercambiaban información comercial sensible, por ejemplo, si pensaban concurrir o no a determinadas licitaciones.

Grosso modo, es el modus operandi de un conjunto de constructoras (que cesaron sus reuniones de pacto en 2017 precisamente por miedo a su posible ilegalidad) que durante 25 años, con esta operativa, alteraron miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras en España. Por lo menos, así lo asegura la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) que, basándose en estos argumentos, ha impuesto una histórica multa conjunta de 203 millones de euros a Acciona Construcción (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain (21,5 millones) y Sacyr Construcción (16,7 millones).

Aunque las constructoras ya han anunciado que recurrirán la multa mediante un contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, el supervisor de la competencia entiende que los procesos de licitación pública se vieron alterados durante más de dos décadas por estas operaciones, que también afectaron a contratos para formalizar obras en Galicia y que van desde la depuradora de O Grove, hasta obras del corredor con la Meseta o de la Plisan, la plataforma logística de Salvaterra.

La clave de las ofertas técnicas

Según los datos aportados por Competencia, el supuesto cártel de grandes constructoras habría optado a contratos de distintas administraciones públicas con destino la comunidad gallega y que sumaban cerca de 100 millones de euros entre los años 2008 y 2017. Las empresas no habrían resultado adjudicatarias de todos los concursos a los que se presentaron con ofertas pactadas pero los de Cani Fernández entienden que las prácticas anticompetitivas se habrían llevado igualmente a cabo, alterando la equidad de los procesos.

Apunta Competencia a que “en el caso de los contratos de edificación y obra civil de infraestructuras de interés general (hospitales, carreteras, aeropuertos…) durante el periodo investigado, la oferta técnica era, en muchas ocasiones, la variable competitiva con mayor importancia”. De hecho, llegaba a alcanzar el 70% de la puntuación del concurso. “Los trabajos que compartían las constructoras eran siempre objeto de puntuación por la administración como parte de la oferta técnica”, exponen.

Xunta, puertos y Confederación Hidrográfica

En la documentación aportada por CNMC se incluyen una serie de anexos en los que se especifican licitaciones de obras a las que el grupo de empresas optaron en su totalidad o en parte empleando la operativa de trabajos compartidos que les ha valido la millonaria sanción. En concreto, en 2008, destacan un concurso por 11,5 millones de la Confederación Hidrográfica del Norte para el emisario submarino del Cabo Prioriño y otro de 23,1 millones, promovido en este caso por Xestur, para infraestructuras y sistemas generales de la plataforma logística de Salvaterra-As Neves, la Plisan. Al año siguiente, y en base a la documentación recabada, también se pone en cuestión un pacto para trabajos técnicos presentados a la licitación de la depuradora de O Grove, un proceso abierto por la Xunta con un presupuesto inicial de 7,2 millones.

En 2010, dos contratos de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI) de la Xunta de Galicia por 3,1 millones de euros cada uno para la construcción de un edificio judicial en Santiago de Compostela y para la adecuación de espacios e instalaciones en los juzgados de A Coruña. Al año siguiente, también habrían compartido trabajos en otro concurso del mismo organismo de 5,9 millones de euros para el edificio del centro de emergencias del 112 en la comunidad. Ese ejercicio, Competencia también destaca otro concurso de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía para el ferrocarril al muelle de Ferrazo por 5,7 millones y una licitación más, en este caso de 4,6 millones, para un CEIP en Oroso, en A Coruña.

En el ejercicio 2013, la CNMC también destaca que empresas del grupo de constructoras ahora sancionadas optaron en Galicia a tres contratos: uno de la Xunta para la conexión del puerto seco de Monforte de 5,1 millones de euros, otro de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para la adecuación de cauce y ordenación de los márgenes de los ríos Sarria y Celeiro de 4,3 millones de euros y un tercero de la Autoridad Portuaria de Ferrol para vigas de rodadura en la segunda fase del puerto exterior de 3 millones.

En 2015, Competencia destaca otros dos procesos de licitación de obras en la comunidad: uno de la Xunta por 11,2 millones para la urbanización de los sistemas generales de la primera fase de la Plisan y otro de la Dirección General de Carreteras para la adecuación y mejora de la seguridad vial en la autovía A-55, en el tramo Vigo-O Porriño, de 6,7 millones.

El último año de pervivencia del grupo de grandes constructoras, el 2017, ADIF también licitó otro concurso al que habrían concurrido estas compañías relacionado con Galicia. Era de 6,4 millones de euros y tenía que ver con las obras del cambiador de anchos de Pedralba de la Pradería, de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia.

Información de no concurrencia

Por otro lado, destacan los de Cani Fernández en la resolución que justifica la millonaria sanción que dentro de los pactos del grupo de constructoras también existían correos en los que algunas de las integrantes «informaban explícitamente de que no se iban a presentar a alguna licitación concreta o bien que se presentaban pero no compartirían proyecto». Así, por ejemplo, en 2005, aún siendo presidente de la Xunta de Galicia Manuel Fraga, Ferrovial habría anunciado al grupo que no concurriría a la construcción y explotación de la autovía do Barbanza.