Los agujeros negros del Popular que traen de cabeza a Ana Botín
Banco Santander reconoce en un folleto remitido a la CNMV dificultades en la integración e insuficientes provisiones para los litigios heredados del Popular
La compra del Popular por un euro podría resultarle al Banco Santander más cara de lo que inicialmente pensaba. Al largo proceso de integración tecnológica de la red del Popular que concluirá en los próximos meses, se suman los gastos extra a los que la entidad presidida por Ana Botín se enfrenta por las herencias recibidas del Banco Popular.
Así lo pone de manifiesto el Banco Santander en el último folleto de actividad continuada remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además de arrojar dudas sobre la credibilidad de las cuentas del Banco Popular, la entidad abre la puerta a la posibilidad de que terminen aflorando nuevos gastos tanto por las demandas por cláusulas suelo de antiguos clientes del Popular como de los propios accionistas que perdieron toda su inversión tras la resolución del banco.
600 millones para cubrir cláusulas suelo
La propia entidad presidida por Ana Botín estima que un escenario “más severo” tendría que desembolsar 900 millones de euros para responder a la oleada de demandas por cláusulas suelo del Popular. De esta cantidad, la compañía ha provisionado 357 millones de euros, apenas algo más de un tercio de lo que tendría que abonar en un escenario que califica de “no probable”.
Esa diferencia entre las provisiones ya realizadas y un escenario adverso por valor de 543 millones de euros que se da con las cláusulas suelo también se repite en las posibles compensaciones a antiguos accionistas. A falta de que Bruselasse posicione sobre si se debe fijar una indemnización a los accionistas afectados por la intervención del Popular, el Santander ha visto cómo se le abría otro frente judicial. Se trata de la oleada de demandas contra la entidad que en 2012 adquirió el Pastor por la ampliación de capital del año 2016 por haber reflejado maquillado sus cuentas para presentar un folleto que no reflejaría la verdadera situación financiera de la entidad.
“El grupo contaba a diciembre de 2018 con 5.649 millones de euros en concepto de provisiones para cuestiones procesales, litigios por impuestos y otras provisiones”, asegura el Santander, que añade que “el importe de las provisiones es considerablemente inferior a la cantidad que resultaría de las demandas interpuestas contra el grupo”. Algo que, según reconocen, podría “afectar a los resultados de explotación del grupo de un periodo concreto”.
Más problemas de los esperados
Las demandas son solo una parte de la herencia envenenada que el Santander denuncia en el documento remitido a la CNMV. “Durante este proceso de integración que está en curso, Banco Santander está afrontando dificultades y obstáculos”, lamenta la compañía, que menciona como ejemplos “la existencia de conflictos entre los sistemas operativos y administrativos, los sistemas de control y gestión de riesgos de ambos bancos”.
Pese a que el próximo mes de junio se cumplen dos años de la adquisición del Popular, el Santander no ha podido completar todavía la integración informática en todas las comunidades. Por el momento sí lo ha hecho en Galicia, Cataluña, Canarias, Asturias y País Vasco. Son el 40% del total de sucursales del banco, que el fin de semana del 17 al 19 de mayo hará lo propio en su red de Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia.
Reunión con los sindicatos antes de acabar la integración
El fin del proceso de integración dará paso a un nuevo ajuste en la plantilla. Tras el expediente de regulación de empleo (ERE) para 1.100 trabajadores de servicios centrales, la compañía prepara un nuevo ajuste que, según Europa Press, podría afectar a 3.000 empleados de su red de sucursales.
La intención de la empresa respecto al número de trabajadores afectados y las condiciones del ERE no se conocerá hasta el próximo mes. Según ha podido saber Economía Digital, la compañía tiene previsto ponerse en contacto con los sindicatos la semana del 6 de mayo para citarlos a una reunión que previsiblemente se realizaría la semana siguiente y en la que se produciría la primeta toma de contacto.
