Los acreedores de Celsa, con planta en A Laracha, estallan: «Es insolvente»

Los fondos acreedores de Celsa claman contra la gestión de la compañía. Su asesor financiero, la firma Houlihan Lokey, sostiene que actualmente los activos del grupo siderúrgico con planta en A Laracha «no son suficientes para pagar los pasivos» que acumula la compañía, es decir, sus deudas, y considera «un desastre» la gestión financiera de la empresa en los últimos años.

Según Manuel Martínez-Fidalgo, socio de esta firma, la gestión financiera de Celsa ha sido «muy agresiva» en los últimos años. Martínez-Fidalgo ha realizado estas declaraciones al comparecer este miércoles en calidad de testigo en el juicio que se celebra en juzgado mercantil 2 de Barcelona para dirimir si Celsa continúa en manos de la familia Rubiralta o si sus acreedores, un grupo de fondos, toma el control del accionariado.

Martínez-Fidalgo, un experto en reestructuraciones, que ha colaborado con compañías como Codere, OHL, Abengoa o Dia, entre otras, ha subrayado que la compañía ha comprado «buenos activos» y ha tenido una política de «expansión muy grande» pero a costa de no cumplir con el pago de la deuda. «Actualmente la casa no vale la deuda. Si no, no estaríamos aquí», ha sentenciado.

En este sentido, el representante de Houlihan Lokey ha censurado que las reestructuraciones han sido habituales en los últimos años en la compañía, y que él ya asesoró a los acreedores de Celsa en 2017, cuando la empresa «no podía pagar unos 2.200 millones» de euros.

«En 2017 los bancos ya estaban hartos», pero la compañía habló con las entidades financieras y finalmente decidieron darle «una oportunidad más» y accedieron a una nueva reestructuración, de forma que el préstamo sindicado que existía se partió en dos instrumentos: deuda jumbo y deuda convertible (en acciones), ha explicado.

Martínez-Fidalgo ha opinado que se pactó ya esa fórmula porque los bancos «venían escarmentados, tenían clarísimo que habría una nueva reestructuración en tres o cuatro años» y querían garantizarse algún tipo de mecanismo para poder convertir la deuda en acciones.

Houlihan Lokey es la firma que ha hecho el informe que acompaña al plan de reestructuración presentado por la mayoría de los acreedores de Celsa, los que controlan el 90% de cada tipo de deuda.

Es por ello que, a su juicio, ese plan «hace la estructura de capital (de Celsa) viable en el corto y el medio plazo», porque implica restar unos 1.400 millones de deuda, y ha añadido que actualmente existe una «desconfianza increíble» entre los acreedores y la propiedad, la familia Rubiralta.

«Es como si tienes una hipoteca de 200.000 euros y una vivienda valorada en 100.000 euros»

«La compañía hoy es insolvente», ha dicho Martínez-Fidalgo, para quien el problema actual es que aunque Celsa vendiera todos su activos no puede afrontar la deuda que acumula. «Es como si tienes una hipoteca de 200.000 euros y una vivienda valorada en 100.000 euros», ha argumentado Martínez-Fidalgo, que ha asegurado que la deuda de Celsa se negocia con descuento desde hace años porque ya en 2020 se daba por descontado que no podría hacer frente al vencimiento de aquel año.

Actualmente, Celsa tiene deuda vencida por valor de unos 2.400 millones, según Martínez-Fidalgo, que ha subrayado que la familia propietaria lleva años sin aportar capital. A su entender, la compañía «sigue estando bien», pero debe «ajustar el balance» para poder pagar sus deudas y dejar de ser insolvente, lo que pasa por que sus acreedores se conviertan en accionistas.

Martínez-Fidalgo ha asegurado que ya hay firmas de cazatalentos -headhunters, en la jerga financiera- que ya están buscando miembros para formar un consejo de independientes, unos directivos «que no son tiburones financieros, sino industriales»

«La idea es tener un consejo industrial, ayudar en lo que haga falta a la gestión y diseñar un plan industrial», ha dicho el asesor financiero de los acreedores, que ha añadido que «la alternativa al plan de reestructuración es la insolvencia de Celsa».

El socio de Houlihan Lokey también ha comentado que la compañía ha ido variando las proyecciones de ebitda o beneficio bruto de explotación que daba en función de si se dirigía a los acreedores o bien a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

«Cuando necesito pedir dinero a SEPI, estimo unos 350 millones de beneficio operativo; cuando pido una quita y unos ‘covenants’ (compromisos) a los acreedores, las proyecciones son de 250 millones, y luego en diciembre (de 2022) pasamos a 430 millones», ha argumentado el asesor financiero de los acreedores, que ha cifrado la deuda financiera neta de Celsa entre 3.200 y 3.400 millones