Los abogados que denunciaron la prórroga de la AP-9 piden ahora la devolución de 11 años de peajes

El varapalo de Bruselas a España por la renovación de la concesión de la AP-9 sin pasar por un nuevo proceso de licitación tiene su origen en una denuncia de la asociación de usuarios En Colectivo. Fue ella la que inició el procedimiento contra las ampliaciones de la concesión de la autopista a Audasa, aprobadas en el año 94 por un gobierno socialista y en el año 2000 por el Ejecutivo de José María Aznar. Ahora, los abogados de esta entidad dan un paso más y prevén iniciar otro procedimiento para reclamar los “cobros indebidos” de peajes desde el año 2013. Todo esto, si finalmente las ampliaciones de concesión quedan anuladas.

Así lo explicó este viernes el presidente de la plataforma, Diego Maraña, en una rueda de prensa acompañado por los abogados Antonio Heredero (de Balms Abogados) y Carlos Cenalmor (del bufete Gándara Moure). Según ha indicado, el objetivo de esta asociación es que, además de anularse la ampliación de concesión y dejar de pagar peajes, los usuarios puedan reclamar lo que se les ha cobrado en los últimos 11 años (el periodo de la prorroga otorgada en 1994).

Peligro de «sanciones elevadas»

Los abogados de En Colectivo insiste en que, según la regulación comunitaria, tras recibir una carta de emplazamiento de la Comisión Europea, España tiene un plazo de dos meses para responder a los argumentos del ente comunitario. “En caso contrario, la comisión puede decidir enviar un dictamen motivado a España para que en un plazo razonable se ponga fin a dicho incumplimiento”, apuntan.

“En última instancia, si España se niega, la comisión podría demandar al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la UE que, mediante sentencia, obligaría al Estado al cumplimiento de los establecido en la normativa de contratación. El Estado deberá cumplir la misma o, en su defecto, se le impondrá una multa de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la UE”, explica.

Aseguran que, de llegarse a este extremo, la sentencia de este tribunal será firme, no cabrá recurso y si, aún así, España no la acata, se entrará en fase de ejecución de sentencia con imposición de sanciones diarias «muy elevadas«.

En la rueda de prensa, los abogados de En Colectivo indicaron que Audasa factura unos 140 millones de euros al año por la concesión, que superan los 1.100 millones desde 2013.

El caso italiano

Según recuerdan, el procedimiento iniciado contra España sigue un camino paralelo al que se siguió contra el gobierno de Italia por una ampliación de concesión en el tramo de autopista Livorno-Civitàvecchia (unos 36 km). En el caso italiano, el TJUE dictó sentencia anulando la ampliación, aunque el Estado está presentando alegaciones y tratando de retrasar la ejecución de dicha sentencia.

En Colectivo matiza que sus actuaciones fueron en contra de las dos ampliaciones aprobadas en los años 1994 y 2000 porque, si bien hubo una ampliación de la concesión con anterioridad, aprobada por un gobierno de la UCD, entonces no era de aplicación de la normativa comunitaria. Así, esa primera ampliación extendía la concesión hasta 2013; en 1994 se publicó en el BOE la ampliación de la concesión desde 2013 a 2023; y en el año 2000 se aprobó una prórroga adicional de 25 años, hasta 2048.