Lito, el rey de las orquestas, condenado a dos años de cárcel

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a Ángel Martínez Pérez ‘Lito’, el rey de las orquestas, a dos años y tres meses de cárcel por fraude fiscal. La Sala considera que no declaró 326.374 euros correspondientes al IVA de los años 2011 y 2012, cuando los ingresos de su empresa alcanzaban los 2,5 millones.

El empresario representaba a algunas de las mejores orquestas de Galicia, como Panorama, París de Noia, Philadelphia, Olympus o Sintonía, entre otras. Lito ha sido sentenciado como autor de dos delitos de defraudación tributaria, si bien cuenta con atenuante de dilaciones indebidas.

El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.

Indemnización

La Audiencia también ha condenado a la empresa que presidía el investigado, Representaciones Lito, como autora de dos delitos de defraudación tributaria, con la atenuante de dilaciones indebidas, al pago de una multa de 340.000 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas.

Paralelamente, los magistrados también han impuesto al condenado y a su empresa el abono de una indemnización a la Agencia Tributaria de otros 326.374 euros.

Lito puede ser juzgado

La defensa del empresario alegó que el acusado contaba con una patología neurológica degenerativa, pero el tribunal concluyó que pudo ejercitar su derecho de defensa.

Subraya que los informes periciales indican que en el momento en el que se celebró el juicio «tenía aminoradas sus capacidades de comprensión y de expresión, pero no limitadas, lo que supone que se debería hacer un especial esfuerzo para garantizar su derecho de defensa, tanto en el modo de efectuar las preguntas como en el tiempo para poder contestarlas, pero tal limitación no le impedía preparar su defensa antes del juicio ni durante este».

Repetición del juicio

La Audiencia Provincial había condenado a Ángel Martínez a 12 años de prisión por estos hechos, pero el Supremo anuló posteriormente la sentencia y obligó a repetir el juicio al entender que la empresa debía tener su propia representación legal en el proceso, que hasta entonces coincidía con la del acusado.