Los mil líos judiciales de Iberdrola en Galicia
lberdrola acumula numerosas causas judiciales abiertas a nivel estatal y en varias comunidades por temas de consumo, pero también de corrupción
Iberdrola ganó el pasado año 2.705 millones de euros gracias a su actividad, centrada en la generación de energía eléctrica. No obstante, hay otra actividad, la judicial, que en los últimos meses ha tomado una especial relevancia para la compañía.
La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán mantiene litigios abiertos en Galicia y en otras comunidades por cuestiones vinculadas al canon eólico o al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, mientras que en Castilla y León está envuelta en una presunta trama de corrupción. Por si esto fuera poco, la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, acaba de abrir la vía penal contra la eléctrica por un presunto delito por manipular el precio de la luz.
La Fiscalía Anticorrupción abrió recientemente en la Audiencia la vía penal contra Iberdrola por manipular precios
Galicia es uno de los puntos candentes en estos procesos. La investigación que ahora reabre Anticorrupción tiene su origen en una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que demostró que la eléctrica Ahabía alterado el mercado «de forma fraudulenta» al reducir la producción en la cuenca del Miño-Sil en períodos de fuerte demanda. Este comportamiento le acarreó una considerable multa que la Audiencia Nacional, la misma que ahora retoma la cuestión por la vía penal, decidió suspender.
El Supremo también falló recientemente contra los intereses de la empresa por otra sanción de la CNMC, esta vez por competencia desleal, al traspasar a 268.000 clientes de la comercializadora de último recurso a la de mercado libre. Pagó, pero solo 5,3 millones de los 10,6 que se le exigían inicialmente, después de que el Supremo rebajase la multa.
Otro de los asuntos que ha llegado hasta el alto tribunal es la configuración de la tarifa eléctrica. Tanto Iberdrola, como Endesa, Gas Natural y EDP, han recurrido el decreto que modifica la metodología del cálculo de los precios para el pequeño consumidor y su régimen de contratación ante la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo.
Siempre queda el Supremo
También mantiene abiertos procesos con el Gobierno gallego desde la etapa del bipartito por el canon a los embalses, el canon eólico y el impuesto de transmisiones patrimoniales. En relación al primero, continúa pendiente de que se resuelva su recurso por posible inconstitucionalidad contra el «impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada», el llamado canon a los embalses o canon hidráulico que aprobó el bipartito.
Respecto al canon eólico, Iberdrola mantiene procesos judiciales abiertos en Castilla-La Mancha, Galicia y Castilla y León sin lograr victoria alguna en los tribunales contra el impuesto que grava el impacto ambiental de los parques eólicos. En el caso de la comunidad gallega, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tumbó el recurso de la compañía el 10 de julio de 2014, aunque en la mayoría recurrió nuevamente al Supremo para defender sus intereses.
La única victoria que obtuvo en Galicia tiene que ver con el impuesto de transmisiones patrimoniales que, a pesar del empeño de la Xunta, también proclive en recursos judiciales, ha sido rechazado primero por Hacienda y después por los tribunales. Iberdrola se libró así de pagar 1,5 millones por Ampliación Sil.
También en Castilla y León
Castilla y León es otra comunidad en la que a Iberdrola le crecen los conflictos. Hace unas semanas, la compañía se veía envuelta en una trama de corrupción vinculada a parques eólicos, en la que varios altos cargos del Ejecutivo autonómico eran acusados por la Fiscalía Anticorrupción de cobrar «comisiones millonarias» durante años por la instalación de parques eólicos. En total, 21 personas acusadas de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias y comisiones por un valor cercano a los 80 millones.
Dias después, Gobierno autonómico y eléctrica volvían a ser protagonistas de otro conflicto. La Junta de Castilla y León planteó la posibilidad de establecer un impuesto que obligase a Endesa y a Iberdrola compensar por el posible desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). De momento no se ha avanzado más sobre esta cuestión, aunque los técnicos de Gestha ya avisaron de que gravar el cierre de Garoña sería inconstitucional, puesto que no es “viable” poner un tributo a una empresa que va a cerrar. Podría ser otra batalla ganada.
