Liberty, la compradora del Gobierno para Alcoa, investigada por blanqueo
La Fiscalía francesa investiga las operaciones de Sanjeev Gupta por el posible uso fraudulento de activos corporativos y por lavado de dinero en su desembarco en el país, donde armó la fundición de aluminio más grande de Europa
Sanjeev Gupta, fundador de GFG, el hólding en el que se agrupa Liberty
Todo ha ido a peor para Liberty desde el naufragio de las negociaciones para adquirir la planta de Alcoa en San Cibrao. El grupo de Sanjeev Gupta está en el ojo del huracán desde la quiebra de su principal financiadora, la británica Greensill. Pero las dudas sobre su viabilidad y la búsqueda a toda prisa de un inversor que le diese liquidez, dieron paso a asuntos más turbios, como las investigaciones que afronta GFG Alliance por posible fraude y blanqueo de capital.
La Fiscalía francesa confirmó el pasado lunes que tiene abierta una investigación contra la compañía de Gupta en la que están analizando varias operaciones realizadas por el grupo en el país, donde controlaba, entre otros activos, la planta de aluminio primario más grande de Europa en Dunkerque.
Según avanzó Financial Times, fuentes de la Fiscalía confirmaron que será la oficina anticorrupción y delitos fiscales la que se encargue de dirigir las pesquisas, que se fundamentan en una acusación por “uso indebido de activos corporativos” y “lavado de dinero”.
Concretamente, las operaciones investigadas serían un acuerdo entre GFG Alliance y FTSE 100 Glencore para refinanciar la fundición, así como un préstamo respaldado por el Gobierno francés para otra planta, en este caso, la de Poitou.
Gupta no sabe nada
GFG Alliance es el grupo que integra a Liberty y sus intereses van desde el aluminio a la siderurgia, la energía o la minería. Gupta logró un rápido crecimiento en el negocio a base de comprar plantas en dificultades o en situación de inviabilidad y Greensill fue el financiador que permitió la frenética expansión del millonario de origen indio. Según la información del propio grupo, emplea a 35.000 personas y factura más de 17.000 millones de euros.
La compañía dijo desconocer que se hubiera abierto una investigación en Francia respecto a sus operaciones. También indicó a Financial Times que “hubo un acuerdo comercial con Glencore a tasas de mercado para asegurar un financiamiento estable para el negocio”, pero descartó cualquier irregularidad en él. «Cumplimos con todas las reglas e invertimos 45 millones de euros de fondos de accionistas en activos franceses, incluido Poitou”, señalaron.
Glencore señaló algo parecido, que «celebró acuerdos comerciales en condiciones de plena competencia” para la planta de Dunkerque.
Otra investigación en Reino Unido
El caso es que no es la única investigación abierta contra GFG Alliance por este motivo, pues la oficina antifraude británica (Britain’s Serious Fraud Office) también comunicó que escruta al grupo por sospechas de fraude, comercio fraudulento y lavado de dinero en la financiación de sus empresas, en el marco de una investigación más amplia relacionada con los vínculos de su prestamista quebrado, Greensill.
El grupo de Gupta no solo negoció la compra de la planta de Alcoa en San Cibrao, sino que el propio Gobierno, a través del Ministerio de Industria de Reyes Maroto, se ofreció a ejercer de intermediario en la compra, adquiriendo la planta a través de la Sepi para luego traspasársela a Liberty.
Posteriormente, la quiebra de Greensill y el proceso emprendido por Gupta para estabilizar su conglomerado industrial llevó al Ejecutivo a echar el freno y pedir a GFG Alliance garantías sobre su solvencia. Toda la negociación quedó en nada, aunque Liberty se mantuvo dispuesto a adquirir las instalaciones lucenses tiempo después de no llegar a un acuerdo con Alcoa e incluso tras la quiebra de su financiador.
El fantasma de Alu Ibérica
Fuera por las dudas respecto a los potenciales compradores o por la situación que atraviesa Alu Ibérica, las antiguas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés que están intervenidas judicialmente, lo cierto es que el Ejecutivo descartó que la Sepi comprara la planta para Liberty o para cualquier otro de los aspirantes a quedarse la factoría.
En Alu Ibérica, la Audiencia Nacional investiga un posible desfalco de los fondos de las propias fábricas en beneficio de los nuevos accionistas, Grupo Industrial Riesgo y el fondo suizo Parter. Las factorías están intervenidas por un administrador judicial y en preconcurso de acreedores.
