Liberty arma su proyecto en España al margen de Alcoa
El dueño de Liberty impulsa un proyecto de energías renovables que se centrará en Galicia y que, asegura, es “independiente” de la compra de Alcoa
Liberty House, la empresa que quiere hacerse con la planta de aluminio primario de Alcoa en A Mariña y que forma parte del gigante GFG Alliance, ha venido para quedarse. A pesar de que, por el momento, su intento de hacerse con la factoría de Cervo parece fracasado –el grupo americano indicó el pasado lunes que el periodo de negociaciones se había cerrado sin acuerdo debido a las pretensiones “poco razonables” de los británicos– la compañía liderada por el magnate de origen indio Sanjeev Gupta parece dispuesta a hacerse un hueco en el mercado electrointensivo español a toda costa. Este jueves, GFG anunció que su filial de renovables, Simec, había llegado a un acuerdo con Ignis para desarrollar en territorio español una operación conjunta por la que promoverá el desarrollo de 1,2 gigavatios de energías eólica y solar fotovoltaica con el que proveer a empresas electrointensivas. Estos proyectos, asegura, estarán operativos en 2023. El desarrollo eólico se ubicará en Galicia, mientras que los parques solares, dice, se desplegarán por todo el país.
En esencia, Liberty ya había trasladado el pasado agosto tanto a la Xunta de Galicia como al comité de empresa de Alcoa en San Cibrao que su intención para transformar la planta de Cervo en una factoría de aluminio verde era abaratar su enorme factura energética mediante el abastecimiento de hidrógeno procedente de fuentes energéticas renovables que ella misma promovería en los próximos años. Sin embargo, ahora, y a preguntas de este medio, desde GFG explican que el acuerdo firmado con Ignis no está vinculado a la adquisición de Alcoa. Se llevará a cabo con o sin la compra de la planta gallega, la única de España en estos momentos que produce aluminio primario.
Proveedores de contratos a largo plazo
Lo cierto es que Simec, la división de renovables de GFG, ya tiene en marcha experiencias similares, pero en su mayoría están destinadas a proveer de fuentes de energía verde a las empresas del grupo. De hecho, cuenta, entre otros, con un parque solar de 280 MW en Australia, así como un parque eólico terrestre de 160 MW en Escocia y una instalación de conversión en residuos en energía en Gales. Ignis, por su parte, desarrolló el mayor parte solar fotovoltaico de Europa, de 725 MW, ubicado en Aragón y cuya participación mayoriaria está ahora en manos de la portuguesa Galp.
No obstante, según la comunicación emitida este jueves por GFG Alliance, la intención de los de Gupta es llevar a cabo este proyecto como proveedor energético de la gran industria electrointensiva con o sin la fábrica de Alcoa en cartera. Lo que platean, de hecho, es llegar a acuerdos de compra de energía a largo plazo (los llamados PPA) en el ámbito de la industria electrointensiva. Estos acuerdos son los que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la intención de promover dentro de su Estatuto para el Consumidor Electrointensivo, un texto que según Industria estará listo este mes pero que acumula ya más de un año de promesas encadenadas (el Ministerio de Reyes Maroto llegó a anunciar que estaría listo en abril, si bien la pandemia del coronavirus frenó su avance).
Proyecto de un parque solar de Simec (GFG Alliance) en Australia
¿Exhibición de fuerza?
Sobre sus eventuales clientes de esta joint venture, GFG explica que “empresas afiliadas de Simec, como Alvance Aluminim y Liberty están revisando importantes programas de inversión en diversas áreas”.
No obstante, tal y como se desarrollan los acontecimientos con respecto al futuro de Alcoa, no son pocos los actores implicados en el proceso de compraventa de la fábrica lucense que ven en este anuncio una exhibición de fuerza de los de Liberty. Al fin y al cabo Alcoa criticó que, durante las negociaciones, los británicos no presentaron un plan realista ni comprometido con el futuro de la planta lucense, donde están en juego 534 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos.
También hay que tener en cuenta que, si bien las negociaciones entre Alcoa y Liberty llegaron la pasada semana a su fecha tope sin alcanzarse un acuerdo, el futuro de la planta de Cervo no está ni mucho menos definido. Los de Pittsburgh tienen dos semanas para decidir si reactivan o no el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que quedó suspendido en agosto por las conversaciones sobre la venta. La pelota está ahora en el tejado de los norteamericanos que, ya durante el verano, llegaron a valorar la alternativa de aplicar un expediente laboral de carácter temporal, un ERTE, de hasta dos años de duración que culminaría en julio de 2022. En ese tiempo, con las cubas de electrolisis paradas «en un periodo estimado de hasta 120 días», la multinacional abordaría un proceso de venta de la planta de aluminio de duración de hasta 9 meses. La previsión de Alcoa era que, si en este periodo se llegase a producir una venta, aportaría hasta 35 millones de dólares para volver a arrancar las cubas.
¿Es posible una expropiación?
La exhibición de fuerza de GFG Alliance –-que también indicó este jueves que había completado la compra de una fábrica de laminación de aluminio en Duffel, Bélgica— viene acompañada por la presión que las administraciones públicas están infligiendo a Alcoa, que se mantiene en silencio por el momento. La ministra de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz, indicó este jueves en el marco de una entrevista televisiva, que le «constaba» que tanto el Gobierno central como la propia Xunta de Galicia estaban analizando las posibilidades de una eventual expropiación de la fábrica, teniendo en cuenta la consideración de estratégica que tiene para A Mariña lucense. Preguntada por Economía Digital Galicia, desde la Xunta no han entrado a valorar esta afirmación, que el sector empresarial da por muy poco probable. No obstante, las palabras de Díaz, en cualquier caso, evidencian que el Ejecutivo central está incrementando la presión sobre Alcoa de cara a facilitar la venta.
También el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, fue especialmente duro este jueves en sus declaraciones públicas al respecto de la fábrica. Aseguró que Alcoa no puede decidir, ella sola, sobre el futuro del aluminio en España y advirtió de que irá a los tribunales si decide parar las cubas. Los sindicatos sostiene que, debido precisamente al gran coste que tiene la reactivación de las cubas de electrolisis, su parada pondría muy cuesta arriba cualquier posibilidad de venta. De hecho, el mantemiento activo de las mismas fue una de las exigencias realizadas por Liberty.
