Las promesas rotas de Hércules de Armamento: 200 empleos y 20 millones en ventas en 2016
La concesionaria de la Fábrica de Armas está a punto de cerrar su segundo año de actividad sin apenas producción y ahogada por las deudas
Como cada mes de octubre, Hércules de Armamento debe rendir cuentas ante el Ministerio de Defensa. La concesionaria de la Fábrica de Armas, que el pasado año salvó el trámite por los pelos, llega al encuentro en una situación casi irreversible y con varios incumplimientos respecto a lo que prometió en su día para hacerse con la cesión de las instalaciones.
La firma que dirige Ramón Mejuto acumula deudas que millonarias. De los 155 trabajadores que se comprometió a contratar al cierre del primer año, una buena parte ha dejado la empresa después de aguantar varios meses sin cobrar, no sin antes reclamar judicialmente. A esto hay que sumar un millón de euros de deuda con la Seguridad Social y algo más de medio millón con Seguribérica, la empresa de seguridad que abandonó las instalaciones el pasado mes de noviembre como consecuencia de los impagos.
Optimismo inicial
Al margen de estos incumplimientos, que no son los únicos, la realidad que pintaron Ramón Mejuto y su entonces socio, Juan José Gómez Rey, cuando presentaron su proyecto dista mucho de lo que es Hércules de Armamento a día de hoy. Entonces, aseguraban que la empresa alcanzaría en 2016 los niveles «óptimos» de producción y que las ventas superarían los 19 millones de euros.
También afirmaban entonces que la buena marcha de la compañía les permitiría cerrar el año con un beneficio de 4,7 millones de euros (un 24,7% más que en 2015) y aumentar la plantilla hasta rozar los 200 trabajadores. Basta con echar un vistazo a las instalaciones para constatar que la actividad brilla por su ausencia, como demuestra también el hecho de que el único dato de facturación que se conoce hable de apenas 18.000 euros de ingresos por ventas.
Canon
A Hércules de Armamento se le acaba el tiempo. El año pasado, la empresa no hizo efectivo el pago del canon por la cesión de las instalaciones. El Ministerio de Defensa se vio obligado a ejecutar el aval que tenían depositado los socios y que cubre hasta la tercera anualidad, que es la que vence ahora.
Parece difícil que la compañía pueda hacer frente al pago de los 381.500 euros que les corresponde abonar por este concepto, como también difícil será que Defensa siga mirando para otro lado mientras la bola se va haciendo más y más grande a medida que pasa el tiempo.
