Las pequeñas eléctricas gallegas abren una guerra judicial contra Soria

Las últimas normativas aprobadas por el Ministerio de Industria en materia de distribución energética han puesto contra las cuerdas a muchas pequeñas empresas gallegas que esperaban una regulación que tuviese en cuenta sus peculiaridades.

Según publica el Boletín Oficial del Estado en su edición de este jueves, Apyde, la Asociación de Productores y Distribuidores de Energía de Galicia, ha interpuesto un recurso ante el Supremo contra la orden que regula la retribución de estas empresas y que el alto tribunal ha admitido a trámite.

Dispersión y orografía

Como explica el presidente de la asociación, Alfonso Fernández, la regulación que propone el ministerio dirigido por José Manuel Soria trae consigo una serie de «sorpresas» que aluden a la eficiencia pero que «lo que están midiendo en realidad es la dispersión, y la están penalizando», apunta Fernández.

En este sentido, explica que «no es lo mismo una línea en Toledo que en las Fragas del Eume», ya que la dispersión poblacional de Galicia y las complicaciones orográficas hacen que la infraestructura necesaria sea radicalmente distinta.

Siguiendo con el ejemplo, explica que en la zona del Eume «para atender a mil clientes necesitamos 160 kilómetros de línea». Son clientes pequeños y los márgenes también son pequeños, sobre todo por el mantenimiento constante que requiere la infraestructura.

Esto provoca que cualquier cambio normativo en el que se aplica una media, las firmas del sector que están al margen de las grandes eléctricas salen perjudicadas, hasta el punto de poner en riesgo la viabilidad de muchas de ellas. «Nos estamos jugando muchísimo», alerta Fernández.

Hacia el modelo europeo

El presidente considera que España debe tender hacia el modelo europeo, que retribuye por las instalaciones que tiene cada empresa – postes, kilómetros de línea, etc. – «A nosotros este modelo nos viene bien. Entendemos que es más justo y más razonable», asegura.

Las 30 empresas que integran Apyde hiceron desde 2009 esfuerzos «grandísimos» geolocalizando sus activos «tornillo por tornillo». Todos los años remiten a la CNMC esta documentación, y ahora exigen a Industria que la tenga en cuenta para hacer sus cálculos, ya que el modelo que propone el ministerio les perjudica.

«Si el Ministerio de Industria y la Secretaría de Estado de Energía no quieren escucharlo, no quieren verlo o no queiren entenderlo, pues se lo tendremos que explicar a un juez. No queda otra», lamenta Fernández, que anuncia que irán «hasta donde haga falta» para defender los intereses de las empresas que integran la asocación y que atienden a 105.000 puntos de suministro en el rural gallego.