Las patrulleras de Hugo Chávez dejan un 'pufo' millonario en Navantia

Navantia contiene la respiración ante la situación en Venezuela. El macrocontrato de ocho patrulleras encargado en 2006 por el Gobierno entonces dirigido por Hugo Chávez aún colea en la cúpula de la empresa pública. Trece años después de la firma del contrato, el país venezolano todavía tiene pendiente una millonaria devolución de avales a Navantia.

La empresa participada por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) dejó 312 millones de euros como fianza por este pedido valorado en 1.246 millones de euros, de las cuales todavía no ha recibido su totalidad. Economía Digital ha contactado con portavoces de la empresa, que admiten que todavía quedan avales por devolver, aunque no detallan su importe.

Tras el rastro de los avales

El único rastro de estas devoluciones se encuentra en las últimas cuentas anuales de la compañía (del año 2017). En ellas figura la cancelación de la fianza de cumplimiento de las cuatro patrulleras de altura por valor de 144,31 millones de euros, así como de la fianza de garantía de calidad del tercero de los cuatro buques de vigilancia litoral (de 3,44 millones de euros).

Los pagos, datados de febrero de 2018, no se produjeron hasta casi seis años después de la entrega del último de estos buques. Fue en abril de 2012 cuando la Armada venezolana recibió el Kariña, cerrando un ciclo de entregas que se había iniciado con el Guaicamacuto en marzo de 2010.

Un buque todavía pendiente

El contrato suscrito entre Navantia y la Armada venezolana establecía que la devolución de los avales estaría ligada al cumplimiento de determinados hitos (botadura, entrega etc.). Además, adjudicaba a los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz la construcción de los siete primeros buques, dejando para el astillero venezolano Dianca el buque de vigilancia litoral Comandante Eterno Hugo Chávez.

Sobre este último pesa un aval de 39,3 millones de euros más un suplemento de 30,6 millones que no se devolverán en su totalidad hasta que no se produzca una entrega que todavía no tiene fecha en el calendario. Pese a ser botado en el año 2014, la construcción acumula numerosos retrasos que han impedido realizar su entrega en el año 2015, como inicialmente se preveía. Las tareas de construcción son supervisadas por seis ingenieros españoles de Navantia que, según avanzó este martes el diario El País, se han visto obligados a regresar temporalmente a España ante la tensa situación que se vive los últimos días en Venezuela.

Investigación por comisiones

El macropedido con Venezuela se encuentra también bajo la lupa de la Justicia. La jueza del juzgado de instrucción número 8 de Madrid, Rosario Espinosa investiga al expresidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén, y al exdirector comercial de la empresa pública, Jesús Arce, por las presuntas comisiones de 43 millones de euros pagadas a la firma venezolana Rebazve como parte del contrato.

A los dos exdirectivos de Navantia se les investiga por haber cometido un presunto delito de malversación de caudales públicos por haber aprobado, presuntamente, estas millonarias comisiones.