Las inmobiliarias gallegas crean una asesoría ‘anti-okupas’
La patronal Fegein crea un departamento para dar asesoría jurídica gratuita a las inmobiliarias asociadas y a sus clientes para lidiar con los 'okupas'
El incremento de las ocupaciones ilegales de vivienda en los últimos años, así como la excepcional situación causada por el coronavirus y las medidas de confinamiento ha llevado a la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) a tomar cartas en el asunto. La patronal ha creado un nuevo departamento para ofrecer asesoría jurídica gratuita a las inmobiliarias asociadas y a sus clientes en caso de que deban lidiar con los okupas.
No es la primera vez que Fegein ofrece un servicio de este tipo, pues ya ofreció respaldo jurídico en el caso de las cláusulas suelo que aplicaba la banca en las hipotecas de vivienda y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló al considerarlas abusivas o asesoramiento respecto a las plusvalías municipales. Ahora, la patronal pondrá a disposición de los asociados los despachos de abogados con los que suele colaborar en las cuatro provincias gallegas para que asesoren sobre cómo actuar ante una ocupación.
La ocupación de viviendas, al alza en Galicia
La entidad que preside Benito Iglesias señaló cuando estalló la crisis del Covid-19 que la situación de confinamiento fue aprovechada por los okupas, pues obligaba a los titulares a no poder desplazarse a segundas residencias. El repunte de casos se sumó a la tendencia creciente de la ocupación en Galicia en los meses anteriores, siendo una práctica casi irrelevante en la comunidad hasta hace unos años.
Fegein señala que los tipos de okupas en Galicia, aunque diversos, suelen ser profesionales o personas asesoradas, que acceden a la vivienda justo en el momento de la entrega de llaves a los nuevos propietarios o que escogen las viviendas vacías de procedencia bancaria.
Reforma jurídica
A esto se suma una normativa, a juicio de la patronal, inadecuada para proteger los derechos del titular del inmueble. La ley de ‘desahucio exprés’ de 2018, limitada a propietarios particulares –no bancos, promotoras o socimis–, “no ha dado agilidad procesal al problema”, dice Fegein, que lo atribuye a la escasez de recursos en los juzgados.
En todo caso, entiende que la “injustificable demora” de los procedimientos es aprovechada por los okupas, por lo que pide una modificación de la normativa para que las fuerzas de seguridad “puedan intervenir desde el primer momento en el que es detectada y denunciada una ocupación”.
Las inmobiliarias también consideran necesario que se dote a los ayuntamientos de competencias contra la ocupación ilegal y que se endurezcan las penas por delito de usurpación mediante una modificación del código penal.
Según los datos del Ministerio del Interior, la ocupación ilegal de viviendas creció en España un 50% desde el 2016, hasta alcanzar los 14.394 casos en 2019.
