Las inmobiliarias, contra el «galimatías» de la ley de vivienda: “Es una intervención del libre mercado»
Fegein pregunta en base a qué parámetros se va a declarar que una zona está tensionada y qué soporte legal tendrán los precios de referencia ante la “incertidumbre” creada por la nueva normativa
Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias
El Consejo de Ministros dio este martes luz vede a la ley de vivienda, la normativa que habilitará a comunidades y ayuntamientos para limita los precios en zonas limitadas y para subir el IBI a las viviendas vacías, asuntos estos que generaron importantes disensiones en el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
Donde la normativa no ha generado disensos es en la parte empresarial, pues tanto la CEOE como las patronales sectoriales han cargado contra la normativa por su carácter intervencionista sobre el mercado y, en última instancia, por no ser útil para los objetivos que persigue, facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles para los salarios españoles.
La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) se ha mantenido en esa línea desde que conoció las líneas generales de la ley. Tras pasar el filtro del Consejo de Ministros, la patronal ha advertido que “aumenta considerablemente el galimatías normativo en materia de vivienda, a la vez que es una intervención de facto del libre mercado”.
“¿En base a que parámetros y qué mecanismos se utilizarán para declarar una zona tensionada en el mercado del alquiler? ¿Qué soporte legal tendrán los índices de referencia de precios? Lo preguntamos así de contundente cuando el Tribunal Constitucional acaba declarar nulas las plusvalías municipales”, dice el presidente de Fegein, Benito Iglesias.
Una inseguridad jurídica «desmesurada»
La patronal señala que hay que esperar a la plasmación de la normativa en el BOE para un análisis “riguroso”, pero considera que será una ley “recurrible por su más que posible inconstitucionalidad”. “Su aplicación sería rocambolesca, ya que, para darle un presunto encaje legal se tendrían que modificar la ley del suelo estatal y autonómica y modificar la ley de haciendas locales. Solo contribuye a aumentar la ya desmesurada inseguridad jurídica y la desproporcionada carga burocrática”, insiste Iglesias, recientemente elegido también como presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo por unanimidad de sus asociados.
“El injustificable recargo del IBI a la vivienda desocupada creará un enorme problema en una comunidad autónoma como la nuestra con más de 330.000 viviendas vacías y, por otra parte, la ley no deja en absoluto claro que los pequeños propietarios se sometan a una congelación e incentivos fiscales para bajar los precios”, lamenta el empresario.
Fegein, que es una de las patronales que primero advirtió sobre las tensiones que se iban a producir en el mercado del alquiler, aboga desde hace tiempo por sacar todo el suelo urbanizable al mercado lo antes posible para abaratar los precios, hacer una ley que otorgue seguridad jurídica a empresarios e inquilinos e impulsar un parque de viviendas sociales “como en el resto de Europa, pero con la colaboración público-privada y no con la intervención del mercado”.
