Las inmobiliarias azuzan a la Xunta para que exija una auditoría de los pisos de la Sareb
Reprochan al Gobierno la opacidad y reclaman conocer la ubicación y características de las viviendas; también piden a la Xunta que recurra la nueva ley por invadir competencias autonómicas
Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana / Europa Press
Las Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) ha instado a la Xunta a exigir una auditoría de las viviendas de la Sareb, la entidad que heredó el ladrillo tóxico de la banca nacionalizada. Reclaman que un auditor externo revise los inmuebles para conocer su ubicación y su estado, una vez que el Gobierno ha anunciado que 1.285 se destinarán al alquiler social en Galicia. La patronal reprocha al Ejecutivo su «opacidad» al no desvelar dónde se encuentran las viviendas, ya que sospecha que la mayor parte de ellas no están en enclaves de alta demanda. Las zonas donde se registran tensiones en el mercado del alquiler en Galicia están limitadas a las siete ciudades.
«Desde Fegein solicitamos a la Xunta que exija una auditoría externa de la Sareb para saber exactamente dónde se ubican las viviendas y su estado de conservación, con su ubicación por calle y número, al existir una total opacidad sobre las mismas», dice la entidad en un comunicado. Las inmobiliarias sospechan que estos inmuebles pueden requerir de importantes reformas para ser habitables y que parte de ellos pueden estar incluso okupados.
Recurso contra la ley de vivienda
La organización empresarial también pide al Ejecutivo autonómico que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de vivienda, pues entienden que invade competencias autonómicas. En concreto, señalan que el nuevo marco normativo, todavía en proceso de tramitación parlamentaria, causa injerencias en las competencias «reflejadas nítidamente en el Estatuto de Autonomía de Galicia», en el artículo 27. En su punto tercero, el estatuto otorga a la comunidad las competencias exclusivas en ordenación del territorio y del litoral, así como en urbanismo y vivienda.
Solicitan este recurso de inconstitucionalidad para frenar una normativa que consideran perjudicial para el acceso a la vivienda. «En los primeros doce meses estimamos que entre un 15% y un 25% de las viviendas que finalicen contrato se derivarán hacia el mercado de compraventa, al alquiler de viviendas vacacionales o, directamente, las dejarán desocupadas por la constatable inseguridad jurídica», recalcan.
Este efecto sería especialmente dañino en un contexto de alza de precios y baja oferta. Actualmente, según los datos de Fegein, hay unos 160.000 hogares en régimen de alquiler, mientras que la oferta de viviendas para arrendar oscila entre las 3.000 y las 3.200. Reducir más esta oferta implicaría, dice la organización, «provocar un grave problema a las personas y unidades familiares con rentas más bajas».
Desincentivar a los propietarios
La entidad considera que las nuevas medidas desincentivarán al propietario y reducirán la oferta. Aspectos como los topes para la renovación del alquiler, que se limitará al 2% en 2023 y al 3% en 2024, para luego fundamentarse en un nuevo índice que está por desarrollar, pero que supondrá romper con el IPC como índice de referencia.
La aplicación de topes en los precios del alquiler en zona tensionada será diferente en función de si es pequeño propietario o gran tenedor, que pasa de ser el propietario de 10 viviendas a cinco viviendas en zona tensionada. A estos grandes tenedores se les aplicará el índice de precios que marque la comunidad autónoma. Al piso que no se haya alquilado en los últimos cinco años también se le aplicará el índice de referencia.
La normativa también contempla que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario del inmueble, recuerda Fegein.
