Las eléctricas confían en endosar el bono social a los consumidores

La orden ministerial, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 10 de septiembre, en la que se recogen las aportaciones que deben realizar las empresas eléctricas para costear el bono social en 2016, puede que sea la última.

El Tribunal Supremo está a punto de resolver los recursos interpuestos por las eléctricas para que, definitivamente, se pronuncie sobre la fijación del reparto de este bono fijado por el Gobierno en un real decreto de noviembre de 2014.

Clientes y suministros conectados

Una norma que establece dicho reparto sobre la base del número de clientes de las empresas comercializadoras y el número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras.

De acuerdo con este criterio, de los casi 190 millones de euros a costear en 2016 por el bono, Endesa debe aportar 77 millones, Iberdrola 71 y Gas Natural casi 28. Son los descuentos de hasta el 25% que se realizan en los recibos de la luz de familias que tienen a todos sus miembros en paro, son familias numerosas, perciben pensiones mínimas o tienen contratadas potencias inferiores a 3 kilovatios (kW) en la vivienda habitual.

Cierre en falso en 2014

Con aquella norma, el Gobierno cerraba en falso la polémica que la financiación de estas ayudas había generado desde su constitución, en el año 2009, al articular un marco regulatorio casi idéntico al que, ya en 2012, fue anulado por el Tribunal Supremo.

Entonces, el Alto Tribunal dio la razón a Iberdrola al estimar discriminatorio que fueran únicamente las grandes eléctricas las que cargaran con este coste, y posteriormente, en noviembre de 2013, dictaba otro auto en el que extendía a las cinco grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social.

Al anularse esta fórmula de financiación restringida a cinco empresas, el Gobierno cargó de forma provisional en 2013 el coste del bono social a los consumidores finales, y la única modificación que introdujo en el decreto de 2014, para eliminar los aspectos discriminatorios, fue reducir el porcentaje a aportar por las grandes eléctricas, del inicial 100% al novedoso 99%.

Reparto en 2016

En la práctica, de los 188 millones a costear en 2016, las tres grandes más EDP y Viesgo pondrán 187 millones, y el millón restante entre las 18 sociedades que desarrollan simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Ante la eventualidad de que el Supremo mantenga el actual reparto del bono, Endesa   se apresuraba a presentar recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial que incluye el reparto del coste del bono para el presente ejercicio.

Respaldo del TJUE a las eléctricas

En principio, estaba previsto que el Supremo se pronunciara sobre las demandas de las empresas eléctricas a finales del pasado mes de septiembre, pero se tomará algunas semanas para analizar la incorporación de un escrito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que, ante la consulta del Gobierno francés para implantar un bono similar al español –en este caso, por el gas–, se mostraba partidario de que fuera el Estado el que acarreara con este coste para evitar la discriminación entre las empresas.

Tanto la orden ministerial sobre el reparto del bono social como las relativas a las retribuciones de redes de distribución y de transporte se han demorado este año más de la cuenta. Aquella se publicó hace un mes y hasta junio hubieron de esperar las eléctricas para conocer que contarían con 5.162 millones por distribuir y transportar el suministro.

Dimisión de Soria e incompatibilidad de De Guindos

Demoras provocadas por los dos trámites de audiencia que tuvo que realizar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre aspectos relacionados con la distribución tras su dictamen inicial y, en última instancia, también por las alteraciones producidas en el organigrama del Ministerio de Industria. 

Tras la dimisión, el pasado 15 de abril, de José Manuel Soria, por su aparición en el escándalo de los papeles de Panamá, fue Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad en funciones, el que asumió también la cartera de Industria. Pero su incompatibilidad, al haber sido consejero de Endesa, determinó finalmente que quien firmara estos decretos fuera la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría.