Las constructoras gallegas piden un plan de salvación al Gobierno
Las patronales de las empresas constructoras de Galicia, Asturias y Castilla y León piden desbloquear obras públicas y agilizar ERTEs para evitar quiebras
El sector de la construcción lanza un nuevo SOS por el coronavirus. Si este jueves era la Asociación Nacional de Constructoras Independientes (patronal de la que forman parte las gallegas Copasa o Puentes y Calzadas) la que pedía un paquete de ayudas de hasta 1.000 millones de euros, ahora es la Federación Gallega de la Construcción la que mueve ficha.
Su presidente, Diego Vázquez, se ha reunido este viernes de manera telemática con los presidentes de la Confederación Asturiana de la Construcción, Joel García; y la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, con los qe ha constatado “la enorme preocupación de todas las empresas del sector y, por supuesto, de todos los trabajadores que las integran, por el alcance de las medidas adoptadas en los últimos días, las cuales son especialmente virulentas y perjudiciales” para el sector, que alerta de que sin ayudas, “la consecuencia inevitable va a ser la del cierre de la mayor parte de las pymes y, además, de forma inmediata”.
Los puntos del plan de ayuda
Las constructora gallegas, castellanoleonesas y asturianas piden agilizar y “que se acorten sustancialmente los plazos de licitación” de obras nuevas. Las patronales sostienen que “si no se licita obra nueva en estos momentos, nos encontraremos con un valle de actividad en el segundo semestre del año, inasumible para la generalidad de las empresas, y que provocará el cierre de la mayor parte de ellas”
Además, en el comunicado conjunto también exigen al Gobierno central que adopte las medidas o que inste tanto a comunidades autónomas como a los municipios a que desbloqueen los procedimientos de concesión de licencias urbanísticas.
A vueltas con los ERTE
Pero además de estas medidas orientadas a agilizar estos trámites y elevar su actividad, desde las patronales de la construcción piden a los ayuntamientos que destinen “un porcentaje del superávit acumulado por los ayuntamientos en los últimos años a inversión” en infraestructuras y obras públicas. Por último, reclaman que se considere el Covid-19 como causa de fuerza mayor a la hora de autorizar los ERTE.
Según su punto de vista, estas medidas son clave “para evitar el colapso de un sector que en estas tres comunidades autónomas cuenta con cerca de 20.000 empresas y da empleo a 172.000 trabajadores, incluyendo autónomos” y que “comenzaba a recuperarse después de la profunda crisis sufrida en 2008”.
