Las constructoras del AVE reclaman a Adif 664 millones
La provisión de Adif por sobrecostes y discrepancias en los precios subió hasta los 664 millones, antes de que el Covid causara más retrasos en las obras
Adif Alta Velocidad, la empresa pública que se encarga del despliegue de las líneas AVE, tiene provisionados 664 millones para hacer frente a las reclamaciones de las constructoras. El gestor de infraestructuras ferroviarias elevó en casi ocho millones la dotación para hacer frente a los litigios con sus contratistas antes de que la irrupción del coronavirus provocase nuevos retrasos en las obras, lo que encarece las actuaciones.
La memoria de ejercicio del organismo que preside Isabel Pardo de Vera recoge 684,3 millones en provisiones por “litigios a largo plazo”. De esta cuantía, 17,6 millones están vinculados a las expropiaciones de terrenos, un importe inferior a los 24,3 millones del año anterior. Sin embargo, el fondo para litigios con las constructoras se eleva desde los 656,8 millones de 2018 a los 664,1 millones actuales.
Este dinero, explica Adif, está destinado a “reclamaciones por diferencias en mediciones y en la determinación de las revisiones de precios, así como por posibles sobrecostes provocados por paralizaciones y ampliaciones del plazo de ejecución de las obras”.
El impacto del Covid-19
Este fondo de armario de Adif está cuantificado a 31 de diciembre de 2019, es decir, antes de que las restricciones provocadas por el Covid-19 generasen nuevas paralizaciones y retrasos en las obras de las líneas de alta velocidad y convencionales.
El gestor de infraestructuras ferroviarias reconoció a El Economista el pasado marzo que tenía 50 proyectos en ejecución cuyos trabajos estaban afectados por la pandemia, mientras que en otros 21 se había detenido la actividad y en siete se había solicitado directamente la suspensión de las actuaciones. Suponían casi la mitad de los 145 grandes contratos que tenía en marcha el organismo público.
Adif reclama más de 100 millones
Adif no solo acude a los tribunales para defenderse. También actúa con reclamante en diversos procedimientos contra las constructoras por un importe superior a los 100 millones. En este apartado se engloba la causa por presunta desviación de fondos por la alteración de precios de infraestructuras hidráulicas afectadas por la línea entre Crevillent y Murcia, un conflicto en el que se vio envuelta la gallega San José. Adif estima que podrá reclamar en torno a 35 millones de euros.
También es denunciante en el proceso por supuestos sobrecostes injustificados en las obras de La Segrera (Barcelona) en el que cree que podrá reclamar 41 millones.
