Las causas judiciales ahogan la tesorería de la patronal gallega
La CEG solo tiene 75.000 euros en caja cuando sus ingresos, de 2,1 millones, proceden en más de un 80% de subvenciones de la Xunta
La patronal afronta nuevas elecciones tras la dimisión de Antón Arias con varios frentes abiertos y muchas incógnitas por despejar. A pesar de que el dimitido presidente resolvió la crisis económica con la refinanciación del crédito hipotecario de la sede de Santiago, que pesaba como una losa sobre su viabilidad, son varios los problemas financieros que arrastra. Y también fueron para el coruñés una herencia recibida de anteriores presidentes.
En las cuentas de 2016, que fueron las que aprobó la patronal en su reciente asamblea general, la última que presidió Antón Arias, hay mucho de herencia pasada, de los mandados de Fernández Alvariño, primero, y de Dieter Moure, después. Y es que, según esas mismas cuentas, la Confederación de Empresarios de Galicia cuenta con muy poco margen de maniobra en su tesorería. Y ello es debido en gran parte a las provisiones que ha tenido que afrontar por litigios y causas judiciales. De hecho, solo cuenta con 75.000 euros en caja.
Sin tesorería
En el balance de la patronal, dentro de su activo corriente, el remante de tesorería alcanza los 349.000 euros. Sin embargo, ese colchón se ve recortado de forma sustancial en sus cuentas hasta contar con un saldo disponible de solo 75.486 euros. La situación empeoró de un año a otro, ya que en ese epígrafe, en 2015, figuraba un saldo algo superior a los 95.000 euros.
El motivo no es otro que los 149.000 euros retenidos correspondientes a una reclamación judicial proveedor desde el año 2001. A mayores, también figuran descontados otros 124.000 euros de los planes de prevención de riesgos laborales correspondientes a las patronales provinciales.
La vía de la subvención
La organización ingresó en 2016, último año con cuenta aprobadas, unos 2,1 millones de euros, de los que 1,7 millones correspondían a subvenciones y apenas 413.000 euros a cuotas empresariales y otros ingresos. Es decir, más del 80% de los ingresos de la CEG proceden de fondos públicos, ya sea a través de la Lei de Participación Institucional (600.000 euros al año que salen de las arcas de la Xunta) o de planes de promoción siempre en entredicho y hasta cuestionados por los jueces.
De esos 2,1 millones que ingresa, dedicó en 2016 exactamente 1,1 millones a pagar nóminas e indemnizaciones, y otro millón a gastos corrientes de funcionamiento (luz, agua, servicios de asesoría, contables, etcétera). Más de la mitad de su activo, que suma 3,5 millones, corresponde a la sede de la Rúa do Vilar compostelana, con 1,9 millones. El resto, deudas a cobrar, entre las que destacan cuotas pendientes de pago de empresas y asociaciones.
