Las amistades peligrosas de Altia e Indra
La firma presidida por Tino Fernández e Indra, investigadas por Competencia, se adjudicaron en alianza proyectos como las 'smart city' de A Coruña y Lugo
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sorprendió este jueves con la apertura de un expediente sancionador a 25 firmas de consultoría. La voz de alerta que dieron las autoridades vascas al detectar indicios de posible reparto de contratos de la administración ha desembocado en una macrocausa que salpica a gigantes del sector como PwC o Deloitte y también a dos firmas estrechamente ligadas a Galicia. Se trata de Indra, con sede en Madrid, pero que genera 1.300 empleos en la comunidad, y Altia, la firma con sede en Oleiros presidida por Tino Fernández, que ayer mostró su “tranquilidad” ante un proceso en el que todavía desconoce de qué se le acusa, ya que Competencia todavía no se ha puesto en contacto con la empresa.
Las dos empresas proporcionan la arquitectura tecnológica a buena parte de las aplicaciones y sistemas de gestión de las administradoras públicas. Indra se ha hecho fuerte en Galicia gracias al impulso del polo aeronáutico de Rozas, pero también de la ristra de contratos públicos que se ha adjudicado tanto en solitario como de la mano de la propia Altia a través de uniones temporales de empresas (UTEs). En total, son 26,7 los millones de euros que han logrado de manera conjunta estas dos firmas desde 2013 a través de contratos públicos a los que concurrieron mediante estas alianzas.
El nicho de las ‘smart cities’
Indra logró nueve contratos de la Xunta de Galicia por valor de 4,7 millones de euros el año pasado, mientras que Altia se adjudicó un total de cinco por un importe de 1,56 millones de euros.
Se trata de un impulso adicional tras adjudicarse proyectos de envergadura en la última década. Entre ellos, los drones de Rozas (la Civil UAVs Innitiative), que la firma presidida por Fernando Abril-Martorell se adjudicó por 21 millones de euros en 2015 y la Coruña Smart City. Impulsada en el año 2013, la ciudad herculina aspiraba a convertirse en la primera urbe en poner una plataforma de este tipo. Desde unas farolas que regularían su luz a la medida de los viandantes hasta sistemas de riego inteligentes en los parques son algunas de las aplicaciones que se pusieron en marcha con este proyecto al que la UTE formada por Altia, Indra, R e Ilux le dio forma. Las cuatro firmas lograron adjudicarse este megacontrato valorado en 11,5 millones de euros de los cuales un 80% eran fondos europeos. Este proyecto aportó la mitad de los 23 millones que Indra y Altia se han adjudicado con proyectos a los que acudieron en alianza.
Lugo sigue los pasos de A Coruña
Tras armar toda la estructura tecnológica de Coruña Smart City, Indra -a través de su filial Minsait-, Altia y R ponen el foco ahora en Lugo. El Gobierno municipal dio luz verde el pasado mes de octubre a su proyecto Lugo Smart City.
La iniciativa dotada con un presupuesto de 4,1 millones de euros, busca mejorar la gestión de los servicios públicos. Para ello se apoya en esta UTE, que se encargará, entre otras cosas, de regular el alumbrado público, de la gestión inteligente de aparcamiento con sensores que detectan qué plazas están libres o de la recogida de basuras con mediante sensores de almacenamiento.
De la dependencia a la Cidade da Cultura
También de la mano, pero sin R o Ilux también caminan Indra y Altia en contratos con la Xunta. El de mayor calado es el firmado en 2016 con la Axencia para la Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Con un valor de 6,7 millones de euros, las dos compañías se encargaron de integrar los 80 centros de proceso de datos de la Xunta de Galicia. Se trata del pulmón informático de la administración, que tiene reservada una gran sala en la Cidade da Cultura desde donde ofrece soporte a todas las gestiones. El propio Gobierno autonómico cifró en tres millones de euros el ahorro que supone la integración de sus centros informáticos.
Altia e Indra también ha aprovechado su alianza para pugnar por contratos fuera de Galicia. Es el caso del que se adjudicaron por valor de 770.000 euros para mejorar las aplicaciones de los sistemas de atención a la dependencia del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) el año pasado. Este se suma al otro de 3,58 millones de euros que se adjudicaron conjuntamente en el año 2013 para crear el soporte informático de los sistemas del organismo.
