La Xunta sale en defensa de Ferroatlántica en pleno ERE
El Gobierno gallego culpa al Ejecutivo central de la situación de la compañía de Villar Mir y rechaza las críticas del BNG a la empresa
La caída de las primas a la interrumpibilidad en la última subasta eléctrica y los elevados precios de la energía en España han provocado que Ferroatlántica, la compañía del grupo de Villar Mir, presente un ERE temporal que afectará a la totalidad de la plantilla de las fábricas de Cee-Dumbría y de Sabón, ambas en A Coruña. El tijeretazo llegó a la comisión de Industria del Parlamento gallego, donde el BNG interrogó al director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, sobre la decisión de la compañía que pilota Pedro Larrea. La diputada Noa Presas definió a Ferroatlántica como un modelo de “explotación colonial”, haciendo referencia a la utilización de recursos naturales de Galicia a través de las centrales hidroeléctricos que despliega por el río Xallas.
La Xunta rehuyó cualquier crítica a la empresa, con la que está enfrentada en los juzgados tras no autorizar el plan del grupo de Villar Mir para segregar y vender las centrales. Aún así, Tahoces recalcó que “no es adecuado” decir que Ferroatlántica tenga “una explotación colonial”, pues simplemente «está valorizando energéticamente recursos naturales de Galicia» y lo que tiene que hacer es «cumplir los condicionantes establecidos» por la concesión.
La Xunta carga contra Sánchez y se olvida de Rajoy
El director de Enerxía e Minas culpó al Gobierno central del ERTE presentado por la compañía, pues a su juicio, podría “haberse evitado” si se hubiera producido una «respuesta a las demandas continuadas y consolidadas de la industria electrointensiva». “Pero no hubo en estos nueve meses respuesta alguna al respecto«, concluyó Tahoces, que obvió que las empresas llevan años demandando un marco energético estable, incluida la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy.
Tahoces explicó que la postura de la Xunta está alineada con la industria, “que está solicitando pujas con una vigencia superior a los dos años» para tratar de ganar estabilidad en los precios de la electricidad. Por último, se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con el parlamentario en que «la transición energética debe ser soportada por los Presupuestos Generales del Estado«. «Entendemos que tiene que ser una transición planificada, sostenible y coherente y debe conllevar una regulación integral», concluyó.
