La Xunta pone a la dirección de Isidro de la Cal en el punto de mira
El Gobierno gallego recuerda que la administración concursal debe analizar si se hizo o no buena gestión de los millonarios recursos públicos conseguidos
¿Hizo la dirección de Isidro de la Cal, ahora en pleno concurso de acreedores, un buen uso de los millonarios recursos públicos obtenidos por parte de la Xunta? Eso es algo que, en opinión del director del Igape, Juan Manuel Cividanes, le corresponderá discernir, en esta etapa, a la administración concursal de la compañía coruñesa.
Así se manifestó este viernes en el marco de la Comisión de Pesca celebrada en el Parlamento gallego y a preguntas de la diputada del grupo Común da Esquerda, Paula Quinteiro. Cividanes, al hilo, indicó que no se debe “dar por perdida” la compañía de transformación alimentaria, con una plantilla de casi 200 personas.
El estado de las piscifactorías
Quinteiro preguntó a la Xunta si estaba realizando algún tipo de control sobre el estado de las piscifactorías del grupo, que ha entrado en concurso de acreedores con una deuda de más de 70 millones de euros repartida entre sus distintas sociedades. Cividanes negó que, como defiende la plantilla, los besugos que la empresa cría en el puerto de Lorbé (Oleiros) estén sin alimentar desde el mes de octubre, comiéndose unos a otros.
El responsable del Igape indicó que a comienzos de enero se llevó a cabo una inspección sobre el estado de las piscifactorías en el que se constató “la situación de normalidad en el estado de los peces”.
Más de 20 millones en ayudas
Al respecto de la fiscalización de la empresa por parte del Ejecutivo gallego, Común da Esquerda también preguntó por las ayudas públicas recibidas por la compañía. La deuda reconocida por la propia administración gallega con Isidro de la Cal llega hasta los 23 millones de euros: 10,2 millones en préstamos participativos y 12,7 millones en avales que, por el momento, eso sí, no han sido ejecutados. La deuda viene de lejos ya que todas las ayudas, excepto tres millones en préstamos participativos, fueron concedidos durante la legislatura del Gobierno bipartito al frente de la Xunta (2005-2009).
A este respecto, Cividanes es claro: “Esa tarea corresponde a los administradores concursales de la empresa, ya que ellos son los encargados de vigilar si hubo o no mala gestión de las subvenciones otorgadas”.
¿Concurso culpable?
Los concursos de acreedores pueden ser declarados fortuitos, en el caso de que no haya responsables director de la situación de insolvencia de la empresa, o culpables, cuando se entiende que la caída de la compañía en suspensión de pago de debe a acciones realizadas por los representantes jurídicos de la misma. La declaración de un concurso culpable puede entrañar distintas consecuencias para sus administradores, desde la inhabilitación temporal para gestión empresarial a la pérdida de créditos o, en el caso más grave, la asunción del pago del déficit concursal.
Con todo, hay que tener en cuenta que gran parte de la deuda que presenta el grupo pesquero deriva ya de los tiempos de la anterior dirección de la compañía. Fue en julio de 2017 cuando se acordó una nueva refinanciación de la deuda de la compañía por valor de 72,5 millones de euros. De esa cantidad, cerca de 26 millones fueron a parar a la nueva sociedad Isidro 1952. A esta se transmitió la mayor parte del balance del grupo así como la deuda considerada “sostenible”. La entendida como no sostenible, unos 46 millones, se distribuyó en las antiguas sociedades del grupo.
