La Xunta entierra la mina de Touro por su falta de “sostenibilidad ambiental”

La Xunta da portazo definitivo al proyecto de la mina de Touro. El Gobierno gallego ha comunicado este martes la resolución de la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais por la cual se da continuidad a la declaración de impacto ambiental desfavorable que la Consellería de Medio Ambiente emitió en enero del año pasado.

De esta manera, el Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo trunca a las aspiraciones de Cobre San Rafael y Atalaya Mining de reabrir el yacimiento al entender que cualquier iniciativa minera debe contar con «todas las garantías técnicas, ambientales y urbanísticas, y todos los requerimientos que marca la legislación».

En la resolución de la Xefatura Territorial se rechaza la aprobación del plan de restauración presentado por la promotora de la mina, ya que, entre otros motivos, corresponde a un proyecto de explotación rechazado, motivo por el cual está previsto que se remita en los próximos días un segundo requerimiento a la empresa para solicitar la actualización de este plan de restauración.

Segundo veto de la Xunta

Así, la Xunta se posiciona por segunda ocasión en contra de la reapertura de este complejo minero sobre el que Consellería de Medio Ambiente entendía que  «no garantizaba la sostenibilidad ambiental” tras recibir dos informes técnicos «desfavorables» e «insalvables» de Patrimonio Natural y de Augas de Galicia. Entre otras cuestiones, apuntaba a la afectación del proyecto minero en la «calidad de las aguas» de los municipios de O Pino y Touro, al tiempo que «si hay un desastre» no se garantiza la protección de una zona de especial conservación (ZEC).

Y es que un estudio solicitado a Augas de Galicia concluía que la actividad minera aumentaría la presión hídrica sobre las aguas del entorno, con el consecuente riesgo para un estado ecológico óptimo, uno de los motivos sobre los que se habían manifestado la plataforma vecinal que surgió en contra de este proyecto que se presentó ante la Consellería en 2017 y en cuya exposición pública la Xunta recibió unas 1.200 alegaciones.

El proyecto contemplaba casi 8 millones de inversión

La compañía Cobre San Rafael cifró en 7,5 millones de euros la inversión realizada hasta el término de 2019 para la reapertura, con años en los que se han realizado centenares de prospecciones. El objetivo era invertir unos 200 millones en 15 años, con la creación de unos 400 empleos directos, según estimaciones de la empresa.

En cambio, colectivos ecologistas denunciaron en el juzgado filtraciones de agua de la antigua explotación minera que funcionó en la localidad coruñesa hasta finales de la década de los 80 y en la que se asentaba, en parte, el proyecto ahora denegado.