La Xunta carga contra el estatuto eléctrico: “Perjudica a Galicia”
El vicepresidente segundo, Francisco Conde, asegura que la medida "responde a un criterio territorial y no a una apuesta por la industria"
Francisco Conde con Feijóo en segundo plano
La Xunta de Galicia arremete contra el estatuto electrointensivo que el Gobierno central aprobó en el Consejo de Ministros de este martes tras más de dos años de retraso.
El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, ha asegurado que el electrointensivo aprobado por el Gobierno «responde a un criterio territorial y no a una verdadera apuesta por la industria». «No solo llega tarde, sino que es insuficiente y no da una respuesta a los grandes consumidores de energía de nuestro país», ha denunciado, al entender que esta medida no permite «competir en igualdad de condiciones con respecto a otros países como Francia y Alemania».
Además, ha afirmado que «Galicia sale una vez más perjudicada frente a otros territorios», al «recortarse las ayudas» a la industria de la comunidad. Según Conde, se pasa de apoyar a 120 empresas en España a 600 «y desde ese punto de vista los grandes consumidores electrointensivos no tienen una respuesta».
Críticas a las ayudas por CO2
Tampoco observa «un compromiso claro desde el punto de vista de los mecanismos de CO2» ni que se atiendan «las principales alegaciones» trasladadas por Galicia, Cantabria y Asturias, en concreto sobre la figura de los grandes hiperelectrointensivos, al tiempo que denuncia la ausencia de otras medidas de carácter fiscal que el Gobierno gallego consideraba «imprescindibles» para abaratar el precio energético.
Ante esta situación, Conde ha exigido al Gobierno central que «rectifique esta política energética que está dejando a un lado la industria y que está poniendo en una situación verdaderamente complicada que los empleos industriales puedan tener un futuro». Con respecto al caso concreto de Alcoa en Cervo (Lugo), ha defendido que «en el momento en que se pueda dictaminar que la compañía no está dispuesta a darle continuidad, autonómicamente la única solución posible es la intervención«.
