La Xunta atiza al Gobierno y pide una “acción directa” en Alcoa y Alu Ibérica
El vicepresidente económico de la Xunta carga contra el Gobierno. Duda de la intervención de la SEPI en la venta de Alcoa y cuestiona que no se convoque la mesa industrial de Alu Ibérica
El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, denuncia la “inacción” del Gobierno en relación a la situación de la planta de Alcoa en San Cibrao y de Alu Ibérica en A Coruña. Sobre la primera, el dirigente cuestiona que “ahora sean los trabajadores los que se tengan que reunir con los compradores” en relación al encuentro que el comité de empresa mantendrá el próximo 9 de junio con representantes de Alvance, la división de aluminio del grupo británico propietario Liberty House.
Conde no solo crítica la inacción del Gobierno central sino que vuelve a sembrar la duda sobre el hecho de si, finalmente, la SEPI adquirirá la planta lucense antes de su traspaso a un tercero (en principio, este habría sido el acuerdo de Ejecutivo y Alcoa). «Sorprende que el Gobierno se desentienda de este proceso y el compromiso que tenía adquirido de intervenir a través de SEPI parece que no se va a cumplir», aseguró el conselleiro, para quien el Ejecutivo está dejando «pasar el tiempo».
Al hilo de ello, ha manifestado que la Xunta seguirá demandando esta «intervención» de la SEPI. «Y si se desentiende es indicativo y preocupante de cara al futuro«, indicó. «Esperamos que haya una rectificacion y que el Gobierno intervenga en todas las conservaciones para identificar el comprador que dé estabilidad a los puestos de trabajo», dijo.
Alu Ibérica
Respecto a la situación de la planta de Alu Ibérica en A Coruña, consideró que se está también ante la misma «estrategia» de «inacción». «No resuelve los problemas de los trabajadores que necesitan una actuación directa por parte del Gobierno«, opinó.
«Para poder validar si desde el punto de vista técnico y financiero se llevan desarrollando todas las actuaciones comprometidas en la operación de venta«, dijo, en referencia a la petición por parte de la Xunta de una auditoría por parte del Gobierno para poder analizar el grado de cumplimiento de los acuerdos de compra venta y la situación real de la fábrica.
El conselleiro asegumenta también que «independientemente de la intervención judicial, el Ejecutivo central tiene que convocar la mesa industrial» con presencia, ha recalcado, de trabajadores y de las comunidades autónomas de Galicia y Asturias. «Y poder constatar si efectivamente se cumplieron todos los compromisos que el propio Gobierno avaló», insiste.