La Xunta acusa al Gobierno de dejar 15.000 empleos en el aire por las crisis de Alcoa o Navantia

La Xunta de Galicia vuelve al ataque contra el Gobierno central por la crisis industrial que padece la comunidad. El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, ha censurado la presencia de Yolanda Díaz en las manifestaciones del Primero de Mayo, escena que ha calificado de “insólita” y ha asegurado que se trata de otra “medida estética” del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, al que acusa de estar “tomando decisiones que ponen en riesgo 15.000 empleos en Galicia”.

«Lo que necesita España es menos estética y más política útil», ha subrayado Conde, que ha repasado las crisis surgidas en torno a dos nombres propios: Alcoa y Navantia. Sobre la posible venta de la planta de la primera en San Cibrao (Lugo), Conde ha lamentado que tanto el Estado -a través de la SEPI- como la empresa «se limitaron a dejar a un lado la negociación» para ahora «volver a la casilla de salida» cuando el proceso «estaba ya prácticamente culminado».

En este sentido, Conde ha pedido al Gobierno que «asuma ese compromiso» de «liderar esa venta”, ya que, “antes de poder hablar con terceras empresas, lo primero es que Alcoa y la SEPI concreten ese acuerdo de venta y se sienten en esa mesa de negociación», ha continuado. En caso de que ese diálogo no prosperase, Conde ha reconocido que «hay otros posibles compradores» como Liberty, que «mantiene su compromiso»: «Pero creo que ese es un estadio en el que no estamos en estos momentos».

Alcoa ha puesto el cartel de se vende a su planta de San CIbrao como lo hizo anteriormente con la de A Coruña, cuya venta se ha visto salpicada por una investigación judicial, ante la cual Conde reclama al Gobierno que «actúe de forma inmediata» con una «auditoría técnica financiera” que ponga negro sobre blanco con este traspaso de la planta al fondo Parter, primero, y al Grupo Industrial Riesgo, después.

Los deberes pendientes con Navantia

Sobre la crisis de Ferrolterra, Conde ha reivindicado propuesta de pacto de Estado para revitalizar la comarca de Ferrol y ha insistido en tender la mano al Gobierno de España y a los ayuntamientos para que cada administración adopte medidas «en el campo de sus competencias».

Así, ha avanzado que, por parte de la Xunta, mantendrá esta misma semana reuniones con sindicatos, alcaldes y empresarios, al tiempo que ha reclamado al Ejecutivo estatal a «cumplir los compromisos que adquirió» en cuanto a la construcción de un buque de aprovisionamiento que permita «garantizar en el corto plazo la carga de trabajo» en los astilleros ferrolanos antes de que arranquen los trabajos de las nuevas fragatas en 2022.

Por eso, Conde también ha sugerido la necesidad de ejecutar el dique seco: «Es la tabla de salvación para que Navantia pueda dar un salto de calidad y tener una infraestructura moderna y competitiva que le permita, en el momento en que se ejecuten las fragatas, acudir a licitaciones internacionales».

De la reforma laboral a los fondos europeos

Por último, repasando la situación de Ence, Conde ha reclamado “certezas al Gobierno” sobre la Ley de Cambio Climático, que será ratificada próximamente por el Congreso de los Diputados. A su juicio, la nueva normativa «trae más problemas que soluciones». En primer lugar, ha explicado, los ciudadanos que cuentan con una vivienda en dominio público marítimo-terrestre «no pueden alquilar sus casas como turísticas»; mientras que «también hay un impacto sobre la industria conservera, impidiendo las prórrogas más allá de los 75 años».

El vicepresidente económico de la Xunta ha insistido en la necesidad de mantener la legislación laboral para facilitar la recuperación económica. A su juicio, es necesario otorgar “seguridad” tanto a los trabajadores como a los propios empresarios y ha lamentado «no conocer el alcance real» de las propuestas remitidas por el Gobierno de España a la Unión Europea.

Además, Conde ha censurado que Galicia debería haber recibido «más de 660 millones de euros adicionales» en fondos Covid-19, por lo que ha pedido “transparencia, igualdad de oportunidades y objetividad», antes de afear al Gobierno que no ha recibido «ninguna dotación económica» hasta el momento de los 230 millones de euros para habilitar ayudas para autónomos y la hostelería a través del tercer plan de rescate que saldrá de «un acuerdo entre Xunta, sindicatos, patronal y la mesa de autónomos».