La ‘vieja Pescanova’ cura sus penas en el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo desestima el recurso con el que Nueva Pescanova exigía una indemnización a la sociedad de cartera por gastos administrativos y legales

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Pescanova SA se sale con la suya en una de las causas judiciales que tiene abiertas contra Nueva Pescanova SL. La sociedad de cartera, que controla el 1,7% de las acciones de la pesquera con sede en Chapela, ha visto cómo el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la compañía ahora propiedad de Abanca en el que le reclamaba una indemnización al entender que la vieja directiva se había reservado ventajas en el proceso de reestructuración.

El Alto Tribunal tumba las pretensiones de Nueva Pescanova, que exigía una compensación por parte de Pescanova SA después de que esta se beneficiase de la obligación de prestarle libre de costes apoyos en materia administrativa, fiscal y legal durante un plazo de cuatro años a partir del 1 de diciembre de 2015.

La otra gran causa en juego

Nueva Pescanova también argumentaba en la demanda que Pescanova SA -en cuyo accionariado están el propio Manuel Fernández de Sousa, con una participación del 7,52%, superior a la de Luxempart (7,28%) o el exdirectivo  Alfonso Paz-Andrade (3%)- se había reservado el derecho a disponer permanentemente de una oficina de al menos 60 metros cuadrados dentro del domicilio social.

La sentencia, contra la que no cabe recurso, obliga a Nueva Pescanova a pagar las costas de este proceso que se ha desarrollado en paralelo a la otra gran causa judicial que mantienen ambas partes. Y es que Pescanova SA ha llevado hasta el Tribunal Supremo su demanda por la ampliación de capital que Nueva Pescanova llevó a cabo en 2017 y que diluyó su participación desde el 20% hasta el 1,65%. La ‘vieja Pescanova’ alega que no pudo participar en dicha ampliación tras no reconocérsele derecho alguno de suscripción preferente, motivo por el cual presentó una demanda que fue desestimada por la Sección nº 1 de la Audiencia Provincial de Pontevedra y sobre la que el Alto Tribunal tendrá la última palabra.

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