La venta de Ferroatlántica, envuelta en denuncias de «especulación»
Un informe del profesor Carlos Aymerich concluye que la venta de las plantas de Ferroatlántica debe ser autorizada previamente por Aguas de Galicia
Guerra abierta en torno a Ferroatlántica. El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, y el portavoz de esta central en el comité de empresa de las fábricas de Cee-Dumbría, Alfonso Mouzo, han exigido a la Xunta que «actúe» para evitar «la especulación» con la venta de la sociedad Ferroatlántica SAU, que incluye las fábricas y las centrales hidroeléctricas en los ríos Xallas y Grande, al fondo TPG, tras cuestionar la legalidad de la operación.
Lo han hecho en la presentación de un informe encargado por la central sindical al profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña (UDC), Carlos Aymerich, que, entre otras cuestiones, concluye que, al amparo de la legislación vigente, la venta «debe ser autorizada previa y expresamente por Augas de Galicia».
Responsabilidad de la Administración gallega
Aymerich ha recordado que la venta «se hace por transferencia de acciones», motivo que, según ha explicado, alega la empresa para sostener que «basta con una comunicación» a la Administración gallega. Sin embargo, frente al argumento de la empresa de que no hay cambio de titular de la concesión, el profesor de la UDC ha defendido que «sí hay una modificación porque los titulares últimos de las acciones sí que cambian por lo que sería necesaria la autorización previa».
Para ello, se ha remitido, entre otros, al artículo 63 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y al 103 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RPDH), así como a informes del Consejo de Estado y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 2008, para incidir en la necesidad de esta autorización previa de la venta.
«Si la concesionaria se limita a presentar ante la Administración una mera comunicación, ésta deberá calificarla como solicitud de autorización y resolver el procedimiento correspondiente», ha expuesto en línea con la exigencia hecha por los representantes de la CIG.
Extinción de la concesión
El informe sostiene que si la venta se hiciese efectiva sin previa autorización, Augas de Galicia debería declarar la extinción de la concesión. Mientras, advierte que la venta podría suponer «un incumplimiento de la cláusula de vinculación societaria». «La actividad industrial va a seguir siendo gestionada directamente por el Grupo Ferroatlántica», ha sostenido el profesor Aymerich, que ha apelado a garantizar el «interés público» del mantenimiento del empleo. Por ello, ha requerido una actuación «activa y diligente» por parte de la Administración gallega, ha dicho sin descartar que «en la práctica solo se estén transfiriendo las centrales, no las fábricas».
A la vista de estas conclusiones, el secretario xeral de la CIG ha exigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al conselleiro de Industria, Francisco Conde, que «actúen de inmediato» para evitar una posible «operación fraudulenta«. «No estamos ante una operación limpia, sino ilegal», ha insistido.
