La UDEF cree que los dueños de Alu Ibérica saquearon las fábricas con facturas infladas
Dos informes de la UDEF detectan facturas con sobrecostes de hasta un 600% en favor de empresas del Grupo Industrial Riesgo que controlaban "testaferros"
Agentes de la Policía Nacional durante el control en la puerta de la fábrica de Alu Ibérica en Aviles / EFE
La Unidad Central de Delincuencia Economía y Fiscal (UDEF) estrecha el cerco sobre los dueños de Alu Ibérica. A través de dos informes del pasado mes de julio y de septiembre certifican que el Grupo Industrial Riesgo se valió de empresas interpuestas controladas por “testaferros” para articular “ventas aparentes” que incluían “sobrecostes” con el objetivo de saquear los fondos de las plantas de A Coruña y Avilés.
Según una información adelantada por El Periódico de España, las facturas se habrían inflado hasta un 600% en favor de otras sociedades del Grupo Industrial Riesgo. Estos recursos tendrían como destino final, según los policías de la UDEF, cuentas bancarias abiertas en otros países.
La UDEF ve «blanqueo» y actividades «defraudatorias»
Se trata, a juicio, de la UDEF de “negocios ficticios pensados para extraer capitales de las cuentas corrientes de las plantas de producción de aluminio, que además en algunos casos presentan significativos lazos con conductas relacionadas con el blanqueo de los ilícitos que les reportó dicha actividad”.
En este sentido, el informe del cuerpo policial revela que de la fábrica de Avilés (Alu Ibérica) salieron 164 facturas a Logiplus (empresa de transporte del Grupo Industrial Riesgo) por valor de cuatro millones de euros. Otros 0,5 millones irían a parar al despacho de abogados Ackermann y Schwartz y otros 21.670 euros, a Droguería Lobos.
En el caso de la planta de A Coruña, los directivos de Riesgo movieron 3,9 millones de euros a Logiplus a través de 133 facturas; 0,6 millones a Ackermann y Schwartz con 31 facturas; y 10.497 euros a Droguería Lobos.
Desde la UDEF certifican que en Alu Ibérica se produjo una “ficción íntegra de negocios jurídicos inexistentes en el fondo, simulando la prestación de servicios con el ánimo de disimular la actividad defraudatoria”. En este sentido, dan por hecho de que se trata de facturación “fraudulenta” por parte de las sociedades de Grupo Industrial Riesgo que tiene un objetivo «despatrimonializador […] cuyos únicos beneficiados son los propios investigados”
