La UDEF busca en Alu Ibérica pruebas de fraude patrimonial y estafa
La Policía Nacional efectúa registros en un total de 11 domicilios, despachos de abogados y las plantas de A Coruña y Avilés por la presunta "despatrimonialización" de la empresa
Imagen de la manifestación de trabajadores de Siemens Gamesa, Endesa y Alu Ibérica en A Coruña
Macrooperativo de la Policía Nacional contra Alu Ibérica. Más de 100 funcionarios de la Dirección General de la Policía, incluida la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está llevado a cabo desde la primera hora de este jueves un operativo que se ha saldado con 11 registros en domicilios y sedes de empresas vinculadas al Grupo Industrial Riesgo, que el año pasado compró a Parter las antiguas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés.
El dispositivo se enmarca en la investigación dirigida por el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y gira en torno a la supuesta despatrimonialización fraudulenta de las antiguas plantas de producción de aluminio de Alcoa en A Coruña y Avilés.
Registros en fábricas y despachos de abogados
Para buscar indicios de estos supuestos delitos de la investigación que lleva a cabo el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de manera coordinada con la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, los agentes han realizado registros en las propias plantas de A Coruña y Avilés, así como en domicilios y despachos de abogados de Madrid, Málaga y Castellón.
La investigación se ha iniciado después de que la Audiencia Nacional admitiese a trámite la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales de Alu Ibérica contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas.
Los sindicatos ven el «principio del fin» del Grupo Riesgo
La querella se presentó por hechos que a juicio de los sindicatos son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, y se dirige contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech (máximo responsable de Grupo Industrial Riesgo) y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL y Parter Capital Group.
El presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho (que fue despedido en diciembre junto a otros cuatro representantes sindicales), ha expresado su confianza en que este cerco judicial suponga «el principio del fin» a la gestión de Alu Ibérica por parte de Riesgo, que ha calificado como un «engaño» y una «estafa». Corbacho ha celebrado esta investigación para que se pueda conocer “la verdad y poder llevar a cabo esas actuaciones en el ámbito judicial, que exijan responsabilidad a todas las empresas implicadas en este engaño tremendo», al tiempo que ha reclamado la puesta en marcha de un plan industrial que permita garantizar el futuro de la fábrica coruñesa.
