La tozudez de la concesionaria de la AP-9 irrita al juez
Audasa, la concesionaria de la AP-9, se lleva una reprimenda del juez por intentar implicar a Fomento en el caso de los cobros abusivos de peaje
La concesionaria de la AP-9, Audasa, ha vuelto a naufragar en su empeño de implicar al Ministerio de Fomento en la causa abierta por presuntos cobros abusivos de peaje en Rande (Pontevedra). La Fiscalía de Pontevedra presentó una demanda colectiva contra la empresa al considerar como una práctica “abusiva” contra los usuarios el cobro íntegro del peaje en la zona. Allí, la concesionaria realizaba las obras de ampliación del puente de Rande, que provocaron numerosos atascos a lo largo de los tres años que duraron las actuaciones, con el consiguiente deterioro del servicio para los usuarios. La Fiscalía exige la devolución del dinero cobrado de manera presuntamente abusiva durante todo el periodo al ofrecerse un deficiente servicio.
Una vez abierto el procedimiento judicial en el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, Audasa presentó dos escritos para intentar que la causa discurriera por la vía administrativa e implicara al Ministerio de Fomento, el titular del vial que une Ferrol con Tui. Por dos veces fueron rechazados los argumentos de la concesionaria, convencida de que, de prosperar la demanda, alteraría el sistema tarifario acordado con el departamento de José Luis Ábalos, por lo que Fomento debería entrar como demandado en la causa para poder defender sus intereses.
El acuerdo de Audasa con el entonces ministro José Blanco implicaba una compensación por el coste de las obras a través de incrementos en el precio del peaje, una de los motivos que provocó que la AP-9 sufriera el mayor encarecimiento de las autopistas de peaje españolas. De otra manera, lo que está sugiriendo la concesionaria es que Fomento podría tener que compensarla en caso de tener que devolver a los usuarios lo que la Fiscalía considera como cobros abusivos.
El hartazgo del juez con Audasa
Sin embargo, un auto del magistrado Manuel Marquina fechado el 16 de julio desestima todos los argumentos de la empresa. Incluso muestra su hastío por la “manifiesta improcedencia e incluso, en cierta medida, por el carácter arriesgado” de la solicitud de Audasa. El juez reprocha a la concesionaria que reitere las mismas alegaciones que ya habían sido desestimadas anteriormente.
“No se ajusta a la realidad mantener (ahora de manera reiterada) que en este proceso se estén suscitando cuestiones que pueden afectar al ejercicio de potestades administrativas, ni que se estén solicitando actuaciones que implicarían la intervención del Juzgado usurpando tales potestades. Las cuestiones planteadas en la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal son estrictamente civiles, y se ciñen al ámbito exclusivo de las relaciones contractuales habidas entre la empresa concesionaria de una autopista (AP-9) y los usuarios de la misma”, dice el auto.
Fomento se queda al margen
Del mismo modo, el juez rechaza los nuevos argumentos. “Podemos hacer ver a Audasa la imposibilidad de que prospere su solicitud, simplemente poniendo de manifiesto el hecho de que no ha sido capaz de mencionar en un escrito de 17 páginas qué norma le habilita para instar la intervención provocada de un tercero en este proceso (el Ministerio de Fomento). Al efecto, se ha limitado a resaltar las supuestas intenciones que el Ministerio Fiscal perseguiría con su demanda, y los efectos que, según la propia Audasa se desplegarían sobre ciertas potestades administrativas, que no se ajustan a la realidad ; ello, en la hipótesis de que fuesen ciertas las valoraciones e interpretaciones de Audasa, que no lo son de modo alguno”, remacha el magistrado.
El juzgado considera que el proceso trata de “evaluar la oportunidad de cobrar a los usuarios de la AP-9 la totalidad del peaje legalmente fijado, a pesar de que, debido a la realización de unas obras, supuestamente no se les estaban prestando los servicios propios de una autopista; además, con ello se les podrían haber causado ciertos daños o perjuicios a tales usuarios”. “Esto es algo totalmente independiente de las condiciones de la concesión administrativa de la autopista, del sistema legal de fijación de peajes o de las potestades administrativas del Ministerio de Fomento”, concluye.
