La tarifa del Covid: históricas pérdidas de 2,7 millones para la dueña del bus urbano de A Coruña

Liderada por la familia Prada, la Compañía de Tranvías de A Coruña, que explota desde mediados de la década de los ochenta la concesión municipal del bus urbano de la ciudad herculina, acostumbraba cada ejercicio a firmar beneficios millonarios y repartir jugosos dividendos (2,6 millones anuales entre 2016 y 2019). No obstante, el balance de cuentas de la empresa sufrió un vuelco en 2020, el año del Covid. Atendiendo a los datos recientemente depositados ante el Registro Mercantil, la compañía pasó de un resultado neto positivo en 2019 de 3,3 millones de euros a unas históricas pérdidas de 2,7 millones de euros.

Tranvías explica su caída

La cifra de negocio de la compañía se derrumbó un 41% de los 23,2 millones de euros hasta los 13,5 millones, mientras que patrimonio neto de la firma también se minoró, de 28,1 a 22, 7 millones de euros. En la memoria que acompaña a su cuenta de resultados, la entidad, presidida por José Antonio Prada Muradás, asegura que la entrada en números rojos se debe tanto al “importante descenso en el número de viajeros ocasionado por la pandemia” como a la bajada de tarifas aprobada por el anterior Gobierno local de A Coruña de la Marea Atlántica en septiembre de 2018. Esta fue tumbada recientemente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que aceptó el recurso interpuesto por la compañía contra una sentencia anterior, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de A Coruña, que avaló la bajada de precios. La concesionaria del bus urbano cerró sus cuentas anuales antes de conocerse esta resolución, por lo que insiste en las mismas en que “esta modificación unilateral está sometiendo a la Compañía de Tranvías a un enorme grado de incerteza jurídica”.

“El hecho de que se incumpla parte de lo acordado deja a la compañía sin ninguna garantía de cumplimiento de cualquier otra parte y a merced de cualquier cambio que el ayuntamiento pueda decidir en el futuro. Esta situación justifica la falta de inversiones de este y de los ejercicios pasados, lo cual ha sido otro de los factores que ha compensado parte de los perjuicios económicos”, apunta.

El ‘colchón’ de Tranvías

La rebaja aprobada en su momento reducía el precio del billete ordinario de 1,30 a 1,20 euros e introducía otras modificaciones, como la gratuidad en las tarifas de menores de 13 años, la reducción de los precios de bonobús y las tarifas sociales y universitarias y la gratuidad de los transbordos en un plazo de 45 minutos. La rebaja entró en vigor en febrero de 2019.

Con todo, indica la compañía que “la buena situación patrimonial de la sociedad (con una deuda bancaria prácticamente nula) muestra que el principio de empresa en funcionamiento sigue plenamente vigente y que el impacto económico podrá ser asumido por la empresa, que esperamos vea incrementando su actividad a medida que vaya mejorando la crisis sanitaria y las restricciones a la movilidad sean menores”.

Inyección de 5,4 millones de euros

Lo cierto es que, al margen del hecho de que el Alto Tribunal gallego tumbó la rebaja de tarifas que comenzó a aplicarse en 2019, hay que tener en cuenta que la firma coruñesa recibirá una importante inyección económica en base a las ayudas estatales para mitigar el impacto de la pandemia en el transporte urbano. Tal y como apunta la compañía en su apartado de hechos relevantes producidos a cierre de ejercicio, el pasado junio, el Gobierno central otorgó al Concello de A Coruña una subvención por este concepto de 5,44 millones de euros.

En su momento, el director de Tranvías, José Ignacio Prada, agradeció que se reconocieran “las compensaciones para cubrir las importantes pérdidas económicas que debimos asumir para mantener la misma oferta de transporte público con una mayor seguridad”. La ayuda debía compensar el 40% de lo que la empresa facturó en el año 2019, entendiendo que era un porcentaje similar al dejado de ingresar durante la pandemia. No obstante, la empresa herculina indicó que la compensación no se basaba en la totalidad de los ingresos, que fueron de 23,2 millones, sino a los sufragados directamente por los usuarios, unos 13,62 millones.

Los gastos de personal de la entidad se redujeron levemente de 12,8 a 12 millones de euros en el ejercicio 2020. Se mantuvieron sin cambios las retribuciones del personal de alta dirección, que ascendieron a unos 100.000 euros. Los salarios de los miembros del órgano de administración fueron de superaron los 118.000 euros.